DEBE SER APARTADO DE LA CARRERA JUDICIAL

DEBE SER APARTADO DE LA CARRERA JUDICIAL

Soportamos que desaparecieran las pruebas más importantes de la masacre del 11M que como juez que llevaba el caso, Gómez Bermúdez hubiera debido custodiar con mayor celo.

Soportamos también que en el juicio a Camps y en el del caso Gürtel un día sí y el otro también, salieran los datos presuntamente secretos en un periódico de tirada nacional, sin que Gómez Bermúdez se rasgara la toga.

Pero he aquí que el juez Gómez Bermúdez monta en cólera porque, según él, se han desvelado secretos oficiales en el caso del secuestro y muerte del empresario Publio Cordón y exige depurar responsabilidades. Item más, ha dejado en libertad bajo fianza de 10.000 euros a dos de los secuestradores (Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa) a los que acababa de apresar la Guardia Civil tras diecisiete años de búsqueda, ¡a los dos días de ser detenidos!. Con los secuestradores en libertad será ya imposible encontrar el cadáver de Publio Cordón.

Éste es el mismo juez que vio la paja en el ojo de Carlos Dívar y exigió que enseñara sus facturas, pero no ve la viga en el ojo propio y se niega a enseñar las suyas, que presuntamente triplican el gasto de Dívar. Como se trata de dinero público debería ser obligatorio que las mostrara, él y todos los demás jueces.

Si prevaricar, según el diccionario, es delinquir un funcionario público por faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo, Gómez Bermúdez ha prevaricado.

Por menos de eso se condenó al juez Pascual Estevill en 1996 a seis años de inhabilitación.

Y por mucho menos se inhabilitó al juez Gómez de Liaño en 1999 por quince años (fue una manera brutal de apartarlo del sumario del caso del asesinato de los etarras Lasa y Zabala por los Gal, ¿recuerdan ustedes la famosa X?). En julio de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a indemnizar a Gómez de Liaño (que ya había sido indultado por Aznar) con 5.000 euros al considerar que no había tenido un juicio imparcial.

Y también por menos de eso se condenó a Baltasar Garzón a 10 años de inhabilitación.

Pues bien, si los secuestradores de Publio Cordón quedan en libertad y desaparecen, Gómez Bermúdez debe ser apartado de la carrera judicial porque es un peligro público y la Justicia, mientras este juez esté en activo, carecerá de legitimidad a ojos de los ciudadanos.