LA AUSTERIDAD

LA AUSTERIDAD

Que alguien le regale un diccionario a Cándido Méndez, secretario general de UGT, por favor, que se nos descuelga ahora diciendo que Manuel Pastrana, secretario general de UGT de Andalucía, es un hombre austero. 


Éste no tiene ni la menor idea de lo que significa austeridad, cómo la va a tener con la colección de relojes de marca que posee, las mariscadas y la vida que se pega a cargo del sindicato. Como para él esto es normal, también le parece normal y muy austero que el sindicato compre en Andalucía chalets para sus dirigentes y disfruten de coche y chófer con el dinero de las subvenciones que salen de los bolsillos de todos nosotros.

Y como siempre todo lo achaca a odio hacia el sindicato y a que quieren descalificarlo. A pesar de que son los propios trabajadores del sindicato los que han aportado pruebas del cobro de sobresueldos de hasta 6.000 euros por parte de algunos miembros de la dirección.

EL CHALÉ QUE LE HUNDE DEL TODO

EL CHALÉ QUE LE HUNDE DEL TODO

Bajaban ya las aguas revueltas para el secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, después de salir a la luz pública el uso que había dado a su Visa oro del sindicato en Sudáfrica, gastando 1.252,75 euros en el viaje, durmiendo en un hotel de cinco estrellas, y pagando en Durban 852,35 euros en una comilona el mismo día, 30 de noviembre de 2012, que presentaba el sindicato un ERE para despedir trabajadores, cuando salta un nuevo escándalo. Parece que autorizó que UGT desembolsara 228.384 euros en el año 2000 para adquirir un chalet adosado en la urbanización Sevilla-Este, para su uso y disfrute.

La vivienda tiene dos plantas, con cuatro dormitorios, dos baños y aseo, un despacho, gran salón y cocina, dos patios, sótano, bodega y zona de bar. Claro, así es normal que lleve 15 años aferrado al cargo. Encima decía ayer en televisión que siendo el sindicato su casero, es normal que le pagara luz y agua y hasta el arreglo del frigorífico si se estropeaba. Y por supuesto todas las reformas que en estos años ha realizado han corrido por cuenta del sindicato, faltaría más. Sindicato que, hay que recordarlo, vive de las subvenciones del Gobierno, y dichas subvenciones salen de nuestros impuestos.

Este hombre no sólo ha intervenido en los EREs fraudulentos trabajando codo a codo con el "conseguidor", Juan Lanzas, sino que autorizó un ERE del sindicato en Andalucía que ha incluido el despido de 159 trabajadores, acogiéndose a la reforma laboral que tanto han denostado.

El propio Pastrana presidía una asociación, Faja Pirítica de Huelva, creada en 2003, que percibió de forma irregular ingresos de los EREs que están siendo investigados por la Juez Alaya.

Ante tantos escándalos, se ha visto obligado a anunciar que no se presentará a la reelección al cargo.

OPERACIÓN HERACLES

OPERACIÓN HERACLES

La operación Heracles demuestra que los ERE ha sido un gran negocio con las "sobrecomisiones" vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. Hasta ahora se concentraba la investigación en las irregularidades que se han producido en la concesión de ayudas sin atenerse a ningún procedimiento legal, pero ahora se descubre que el "negocio jugoso" estaba en las "sobrecomisiones".

La juez Alaya dice que las ayudas se otorgaban a personas que no tenían derecho a ellas, en realidad se otorgaban a los amiguetes o compañeros de la misma cuerda ideológica, pero cuanto más ayudas otorgaban, más negocio hacían con las comisiones sobrevenidas, con lo que el enriquecimiento ilícito era doble.

Según la juez Mercedes Alaya el negocio de los ERE era un "negocio bilateral en el que los directivos de las aseguradoras, previo ofrecimiento de dádivas al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, se garantizaban que se obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".

La distracción de fondos públicos era un proceso continuado por el que de un lado la Junta concedía las subvenciones y por otro, las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial se repartían jugosas comisiones. Así, Vitalia, ordenó el pago a UGT y CCOO de, al menos 4.291.384 euros. Y también fue Vitalia la que incrustó a Juan Lanzas en varias pólizas, así como a su mujer y a su cuñado, Ismael Sierra. Las consultoras se llevaban unas comisiones del 20%, cuando lo habitual en el mercado era de un 3%.

Ahora hemos sabido que la Cámara de Cuentas mutiló el informe original de los ERE para que no afectaran a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, los auditores llegaron a hablar de posibles responsabilidades penales, pero esto lo pasaron con el mayor desahogo a "posibles responsabilidades contables y administrativas".

La afición del PSOE a la mentira y la tergiversación es de tal calibre que anuncian ahora a bombo y platillo una Ley de expropiaciones de viviendas para evitar los desahucios, cuando el pasado 22 de febrero en el boletín oficial de la Junta de Andalucía se publicaban medidas para acelerar los desahucios. Sí, han leído bien, para acelerar los desahucios. Y dicho sea de paso deben de rentas sociales más que pesan.

Y la consejera Elena Cortés, de IU, cuando cobraba de Caja Sur como miembro de la Asamblea General, permitió que se ejecutaran 3.000 desahucios sin inmutarse y ahora se apunta al carro de los anti-desahucios.

Y EL OTRO QUE TAL BAILA

Y EL OTRO QUE TAL BAILA


Es decir, si hablábamos antes de Méndez otro tanto cabría decir de Fernández Toxo, de CCOO.

La Asociación Faja Pirítica de Huelva fue montada por los sindicatos UGT y CCOO para cobrar ayudas millonarias para prejubilar a 687 mineros. La entidad fue declarada sin ánimos de lucro y certificada así el 2 de junio de 2003 por la Federación Minerometalúrgica de CCOO, cuyo secretario general era el actual dirigente del sindicato, Ignacio Fernández Toxo (hay más urdangarines de lo que parece), en el acta de reunión de la comisión ejecutiva que acordó por unanimidad participar en la constitución y promoción de la entidad.

Este documento interno figura ya en el sumario del fraude de los ERE que investiga con mano firme la juez Mercedes Alaya, y en él aparece la firma de Fernández Toxo en calidad de secretario general de la federación.

Por cierto que la sede social de la asociación fue fijada en el mismo domicilio social de la avenida de la Constitución, de Sevilla, que ocupaba el bufete de abogados para el que trabajaba el conseguidor Juan Lanzas, ex-dirigente de UGT.

La juez acusa a ambos sindicatos, CCOO y UGT, de haberse llevado 4,3 millones de euros en comisiones de los ERE, a través de las empresasTemiqui y Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis, de UGT y Atlantis y Asesores, de CCOO. Y eso que no tenían ánimo de lucro, si lo llegan a tener.

Y estos son los mismos que están siempre azuzando a las masas contra políticos y empresarios acusándoles de casi todo.

EL OCASO DE CÁNDIDO

EL OCASO DE CÁNDIDO


El otrora enaltecido por los trabajadores, Cándido Méndez, se derrumba paulatinamente arrastrando el prestigio que pudiera tener el sindicato UGT.

El papel desempeñado por el ex-dirigente ugetista Juan Lanzas en los ERE de Andalucía, acusado de haberse llevado 13 millones de euros, más lo que cobraban los sindicatos planteando esos mismos ERE, le está pasando factura, tanto que anda estos días muy callado, en espera de que amaine el temporal.

No obstante no ha perdido sus costumbres ostentosas de nuevo rico, faltaría más, ayer mismo estuvo comiendo con la cúpula del sindicato en un conocido restaurante del barrio de Chueca, en Madrid.

La merluza de pincho y los mariscos siguen siendo sus aficiones favoritas, sin olvidar los relojes de lujo.

Él y los otros once comensales que le acompañaban en la comilona no se recataron de criticar a la juez Alaya y a los medios que sacan a la luz los escándalos de los ERE, y como el otro día el secretario general de UGT, Manuel Pastrana, escribía en su blog, lo achacan, no a sus malas prácticas, sino a una "cacería de la derecha política y mediática, para estigmatizar, desacreditar y aniquilar al sindicato".

No se dan cuenta de que el descrédito lo producen ellos mismos, de hecho el propio Méndez ya reconoció el pasado mes de febrero que UGT pierde mensualmente más de 3.000 afiliados al mes, pero ellos siguen de comilonas hasta que se hunda del todo, total viven de las subvenciones.

EL EX SINDICALISTA Y CONSEGUIDOR LANZAS

EL EX SINDICALISTA Y CONSEGUIDOR LANZAS

Poco a poco y con gran tesón va perfilando la juez Alaya el mapa de los ERE y poniendo a cada uno en su sitio.

El cabecilla de la trama fraudulenta, Juan Lanzas, según el auto de la juez, metió hasta 25 intrusos, la mayoría del PSOE, sindicalistas como él o familiares, llegó a tener 16 casas y 13 millones de euros, desde el año 2000.

De esas 16 casas que adquirió, 11 las puso a su nombre, cuatro a nombre de una de sus empresas pantalla, Maginae Solutions, y un apartamento en la playa a nombre de sus padres.

A través de las sociedades pantalla y los testaferros que en ellas situaba, tejió un entramado para percibir ingresos públicos mediante la continua emisión de facturas falsas por servicios nunca prestados. A esto le ayudaba el directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, también encarcelado, y las gestionaba el Bufete Villasís estudio.

De los 25 intrusos que metió de tapadillo en los ERE sin que jamás hubieran trabajado en las empresas en las que fueron apuntados, puso a las esposas de cuatro sindicalistas amigotes, su propia mujer y dos cuñados, para que todo quedara en casa. Metió tres más por ser de la misma cuerda política, además de la suegra del ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta, que ha sido también encarcelado por segunda vez, y a la mujer de su chófer.

También se incluyó a sí mismo y a su esposa, total ya puestos, en el ERE de Hitemasa, sacando más de 600.000 euros, en ese mismo ERE incluyó a las esposas de Rafael Mesa y Javier García de los Reyes, ambos de UGT y con los que Lanzas había coincidido en el expediente de extinción de empleo de Hijos de Andrés Molina, lo que permitió a cada una de ellas cobrar 96.000 euros ; en otros dos expedientes incluyó a dos vecinos suyos de Albanchez de Mágina, Jaén y al ex dirigente del PSOE de Baeza, Jaén, Antonio Garrido Santoyo, lo incluyó en el ERE de Mercasevilla, por ser socialista.

Según la juez Alaya, él se encargaba al completo de estos asuntos, porque trabajaba en el bufete Villasís, que tramitaba los ERE, y habiendo sido dirigente sindicalista de UGT desde 1979 a 2002, se había hecho íntimo tanto de Guerrero como de Antonio Rivas,  ex delegado de la consejería de Empleo, que era el que autorizaba los expedientes.

En el expediente de regulación de empleo de Dhul, metió a la esposa de Damián Jiménez, de CCOO, que nunca había trabajado allí, y en el expediente de Surcolor metió a Manuel López, marido de una concejal del PSOE de Camas, Sevilla y a José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas, que era como hemos dicho el que autorizaba los expedientes.

También introdujo a Juana Pilar Viedma, administradora de la empresa Técnica Agrícola Ecológica, y a la compañera de su padre "como agradecimiento" por hacer contratos simulados a parte de los trabajadores del matadero de Fuente Obejuna que no podían acceder al convenio especial con la Seguridad Social, así que los montaron a todos en un autobús y los llevaron a la empresa para hacerles contratos simulados.

También metió a Florencia Romero, esposa del presidente de la Asociación de Trabajadores, para que no fuera menos que las esposas de los otros sindicalistas.

La juez acusa al conseguidor Lanzas de prevaricación malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Total, el código penal para él solo, pero la Junta de Andalucía, según Griñán, no sabía nada. 

Y si la corrupción debe ser punible, la estulticia del que dice que "no se ha enterado de nada", no debe ser menos.

LOS ERE DE NUNCA ACABAR

LOS ERE DE NUNCA ACABAR

Más de 24 horas se ha llevado en su despacho la juez Alaya, sin descansar,  para adelantar el caso de los ERE fraudulentos.

Este fraude proviene, como ya hemos explicado de la partida 31L, también llamada Fondo de Reptiles, donde entraba dinero público que se usaba después a discreción sin el menor control.

Y fue el propio Manuel Chaves, en ese momento presidente de la Junta de Andalucía, el que se encargó de que todas esas subvenciones para empresas y trabajadores se otorgaran eludiendo los protocolos ordinarios a los que obliga la ley. A este fin, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el ex consejero Antonio Fernández, que en ese momento era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron el 17 de julio de 2001 un convenio para darle trazas y apariencia de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica suponía saltarse todos los controles y protocolos formales.

José Antonio Griñán invalidó dicho convenio dos años después de que saltara el escándalo, sin embargo sigue sosteniendo a día de hoy que el procedimiento era legal, y eso a pesar de que el interventor de la Junta, Manuel Gómez,  les había advertido en numerosas ocasiones, desde cinco años antes de que estallara el escándalo, de las irregularidades que se estaban amparando con dicho convenio. El interventor realizó diversos informes que remitió, entre otros al entonces consejero de Hacienda, precisamente José Antonio Griñán. Manuel Gómez afirma que "el procedimiento violentó los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que debe presidir las actuaciones de la Administración".  Pero no le hicieron el más mínimo caso.


La juez Alaya dice que las ayudas se otorgaron "escandalosamente a personas que no tenían derecho a ellas". Y es que la operación Heracles, que ha dado lugar a las últimas detenciones, deja claro "el sistema perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio". Así mientras más ayudas otorgaban, más comisiones y sobrecomisiones sacaban todos ellos, la Consejería de Empleo, los intermediarios, las consultoras, los despachos de abogados y todos los que intervenían en los procesos de reestructuración empresarial, incluidos, por supuesto CCOO y UGT.

La trama llegó al punto de buscar afanosamente empresas que pudieran presentar en situación de crisis para seguir engordando sus propios bolsillos. Alaya cree que Vitalia ordenó, por lo menos, el pago de 4.291.384 millones de euros a UGT y CCOO. Se permitió también que las consultoras cobraran comisiones de el 20% o más, cuando la media del mercado no pasa del 3%. Así Uniter cobró siete millones de euros como comisión en el expediente de Delphi, en Cádiz y Vitalia cobro 1,4 millones por el expediente de Dhul. A su vez, estas consultoras pagaban comisiones a los altos cargos, por ejemplo, Guerrero cobró 249.000 euros en 94 transferencias a su cuenta, ninguna superior a 3.000 euros para no despertar sospechas, y 87.400 euros en 76 transferencias a una cuenta de su esposa. Además también recibía dinero en sobres, que su chofer, Juan Francisco Trujillo, también imputado, recogía en Madrid, de manos de Albarracín, que era entonces director comercial de Vitalia, hoy encarcelado. Guerrero llegó a comprar cuatro inmuebles, tres de ellos al contado, sin hipoteca.

A Juan Lanzas, enviado a la cárcel ayer por la juez Alaya, lo metieron en varias pólizas, así como a su mujer, Patrocinio Sierra y a su cuñado, Ismael Sierra, ambos detenidos también. Se cree que Lanzas puede haber recibido 5,8 millones de euros.

José González Mata, dueño de la consultora Uniter, entregó dos cheques de 75.000 y 25.000 euros, en cuyos asientos figura "J.Guerrero", que fueron cobrados por la empresa Andalucine, cuya administradora es Beatriz Pérez, hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Pilar Pérez. González Mata ha reconocido ante la juez que entregó los dos cheques a petición expresa de Guerrero.

También el bufete Estudios Jurídicos Villasís, ahora investigado, que recibía los ingresos de Uniter, transfería cantidades a las empresas vinculadas a Guerrero y familia.

Vitalia, consultora controlada por el empresario catalán Eduardo Pascual, detenido también ahora, tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional, de un lado la caída de Eurobank y de otro la quiebra, que se sospecha fraudulenta, de la mutua Fortia Vida, a la que la Junta de Andalucía adjudicó sin concurso la financiación de prejubilaciones por un valor de 109 millones de euros. Precisamente Fortia Vida está además siendo investigada por presunto desvío de dinero a paraísos fiscales, por ejemplo la República Dominicana, donde participó en un proyecto hotelero vinculado a Jesús Barderas, amigo de Felipe González y antiguo socio del fallecido Enrique Sarasola.

Como pueden ver estos son los ERE de nunca acabar y aún queda mucho por salir a la luz.

VUELTA DE TUERCA A LOS ERE FRAUDULENTOS

VUELTA DE TUERCA A LOS ERE FRAUDULENTOS

La ya repuesta juez Mercedes Alaya ha vuelto llena de fuerza y ha ordenado esta madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del "conseguidor" y ex sindicalista de UGT, Juan Lanzas, y del ex directivo de la aseguradora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, y ha dejado en cambio en libertad con cargos al ex subdirector general de Mercasevilla, Daniel Ponce, uno de los protagonistas de las grabaciones de que hablaremos más abajo, todo dentro de las nuevas investigaciones sobre el supuesto cobro de comisiones exageradas por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, que a su vez daban luego comisiones a ciertos cargos públicos, a cambio de omitir licitaciones públicas para la designación de las mediadoras.

Hay que recordar, para quien tenga flaca memoria o esté poco enterado, que esto viene de lejos, tenemos que remontarnos al año 2009 cuando a unos empresarios de hostelería se le pidieron unas comisiones de 450.000 euros por parte de unos directivos de Mercasevilla, los empresarios, muy sorprendidos, grabaron las conversaciones; en las cintas puede oírse como preguntan el por qué de esas comisiones y la contestación es "da igual que sea para carteles para Felipe o para los niños saharauis, la Junta  de Andalucía las pide y punto."

Naturalmente los empresarios se quedaron de una pieza y una tarde, en el palco de autoridades del estadio del Betis, comentaron el caso con un alto cargo de la Junta de Andalucía, que no les creyó y les pidió una copia de las cintas.

Los empresarios buscaron un abogado y pusieron una denuncia en el juzgado.

Mientras, en la Junta se asustaron al tener conocimiento de que existían las cintas acusatorias, y hablaron con la Fiscalía, atención, no pusieron una denuncia en el juzgado, que te puede tocar cualquier juez, sino que lo comentaron a la Fiscalía, que le era afín, y en efecto, no hicieron nada. Aunque esto les sirve para decir a todas horas que ellos denunciaron, oigan, no, quiénes denunciaron de verdad fueron los empresarios afectados.

Dicen que por el hilo se saca el ovillo, y tirando de aquel hilo apareció todo el escándalo de los ERES, el fondo de reptiles y la biblia en pasta.

Y han hecho de todo para apartar a la Juez Alaya, tanto que ha estado de baja varios meses, hasta llegaron a inventarle unas relaciones amorosas con el alcalde de Sevilla, han tratado de sacar cosas sobre su marido, llegaron a tener que apercibirlos de desacato para que cesaran en sus diatribas; pero la juez ha vuelto y debe estar como una rosa, porque se pasa las noches en su despacho trabajando e interrogando a los imputados.

A pesar de que la Junta sigue sin aportar la documentación que se le solicita, ni por supuesto han intentado en ningún momento que se devuelva el dinero tan indebidamente cobrado por aquellos a los que no les correspondía.

Por cierto, durante un tiempo el presidente de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía fue un sobrino de Felipe González.

Con las nuevas investigaciones han descubierto 82.000 euros de los ERE, en billetes de 500, en el colchón de una cama del conseguidor Lanzas, en la casa de sus padres, en Jaén; estos guardan los billetes como su abuela, en el colchón, porque el calcetín se les quedaba pequeño. Lanza ha cobrado 5,8 millones de euros en comisiones que aún no han aflorado, hallándose los billetes en paradero desconocido.

Se trata del mayor escándalo de corrupción de la historia de España, porque proviene del mismo gobierno de Andalucía, que destinó 1.400 millones de euros de dinero público a ese ya famoso " fondo de reptiles" que lo mismo podía servir para que Guerrero, ex director general de Empleo, también ingresado nuevamente en prisión, concediera subvenciones de forma arbitraria a quien le parecía, como para meter en expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis a amigos del partido que no habían trabajado en su vida, como para comprar cocaína o irse de whiskerías, ya me entienden. Todo se ocultó al interventor, la partida presupuestaria 31L era exclusiva y presuntamente para estos hechos de carácter delictivo.

Así podemos ver que se pagaron más de 68 millones de euros en comisiones a las compañías aseguradoras que llevaban las prejubilaciones. Hasta hubo un caso, el de J.A. Rivera Martín, que se acogió al ERE el mismo día que firmó el contrato de trabajo.

Todo era presuntamente una verdadera trama para delinquir y meter de tapadillo en los ERE, con sus correspondientes pagas, a altos dirigentes del PSOE y sus familiares, estafando así a todos los andaluces, porque todo se hacía con dinero público, en la creencia seguramente de que como decía Carmen Calvo "el dinero público no es de nadie" y no siendo de nadie podía pasar a ser de ellos.


Recordemos también que por aquellas fechas era presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y consejero de Hacienda José Antonio Griñán, ¿alguien puede creer que todo esto sucediera a sus espaldas?

GRIÑÁN SE CAE DEL GUINDO

GRIÑÁN SE CAE DEL GUINDO

Hace menos de un año que metieron  a más de 20.000 enchufados por si acaso perdían las elecciones, pero en vista de que, contra todo pronóstico, las ganaron ahora no saben de dónde sacar el dinero para tanto gasto.

La solución que han encontrado es bajar el sueldo a los 270.000 trabajadores de la Junta de Andalucía, como ha anunciado ya Griñán, y por despedir a 7.500 interinos. 

Sí, estos que tanto chillaban cuando el Gobierno de Madrid hablaba de recortes se han caído del guindo y empiezan a comprender que es necesario recortar de alguna parte porque dinero no hay. Así de simple, la ubre de la vaca da la leche que da y por más que la bautices con agua llega el momento en que no se puede estirar más porque ya no da más de sí, ahora lo que toca es pagar deudas atrasadas y se acabaron los dispendios. 

Eso y todos los créditos sin documentar de Invercaria y las mil y una trapacerías que aún quedan por salir a la luz pública pero que ellos conocen muy bien.

Ahora habrá que ver qué ocurre cuando tanto estómago agradecido deje de estarlo.

LA JUNTA QUIERE QUE MONTORO PAGUE SUS FACTURAS

LA JUNTA QUIERE QUE MONTORO PAGUE SUS FACTURAS

Los constructores, que no hallan modo de cobrarle a la Junta de Andalucía, quieren que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro les abone las facturas adeudadas desde hace años.

Se trata de unos 1.200 millones de euros, nada menos, en su mayoría de obras e infraestructuras ya terminadas hace tiempo, que no cumplen los requisitos del programa de pago a proveedores por no haber presentado a tiempo las facturas, entre otras cosas porque la Junta niega que adeude esas cantidades pero, asómbrense, se une ahora a los constructores para pedir que el Gobierno pague.

Aquí se ha estado trabajando durante mucho tiempo presentando la factura "sólo cuando había disponibilidad económica para el pago" y tras la firma de la "aprobación técnica" por parte de la Junta, lo que era una trampa para que las deudas no estropearan el déficit y por esta razón las compañías no presentaban facturas a pesar de tener acabadas las obras. Y como para entrar en el programa de pago a proveedores las obligaciones tenían que estar vencidas y no se hicieron las facturas correspondientes, es como si no existieran; esas deudas no computan y la Junta no las reconoce en voz alta, aunque por lo bajini se une a la petición  de las empresas constructoras de que pague el Gobierno de Rajoy lo que ellos juran y perjuran que no deben, pero que saben que sí, que lo deben desde hace tiempo.

Con estas cosas y otras muchas similares que suceden en España, ¿puede extrañarse alguien que estemos como estamos?

UNO MÁS A LA CÁRCEL

UNO MÁS A LA CÁRCEL

El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha sido encarcelado sin fianza por orden de la juez, Mercedes Alaya, "por la absoluta falta de control y el despilfarro continuado de fondos públicos, autorizada, conocida y consentida por el imputado". 

La juez considera que puede entorpecer la instrucción de la causa y que hay riesgo de fuga.

En opinión de la magistrada, que lleven diez años repartiendo ayudas a quien les parece, no quiere decir que estos procedimientos sean conforme a Derecho.

Naturalmente este nuevo encarcelamiento ha puesto de los nervios al PSOE, ya Manuel Pastrana, secretario de UGT de Andalucía se ha apresurado a poner de vuelta y media a la juez, y se atreve a decir que "el pobre Fernández es un represaliado político, víctima de una campaña de descrédito y de acoso y derribo de la derecha más reaccionaria", y eso a pesar de que la propia Junta está personada en la causa, aunque sólo sea por el qué dirán.

Pero resulta que Fernández está acusado, no por la derecha, sino por la juez Alaya, de cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios, en la trama de los ERES irregulares, vamos que todo lo tiene bueno mi Antonio.

Y han firmado un manifiesto 48 socialistas, para intentar dejar en entredicho la labor de la juez Mercedes Alaya. Ahora, como ya no pueden decir que la juez les quiere fastidiar las elecciones, dirán que es para jorobarles la Feria o el "pescaíto" de ayer.

Recordemos que ya están encarcelados también Guerrero y su chófer y esperemos que Fernández no sea el último, que es mucho el dinero derrochado y afanado por todos ellos.

EL VERDADERO PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA

 



EL VERDADERO PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA


El ex presidente de la Junta de Andalucía, ex ministro y diputado en el Congreso por el PSOE, Manuel Chaves, ha acudido a un acto de campaña en socorro de los socialistas que se ven hundidos en todas las encuestas sobre las próximas elecciones andaluzas. Quedan pocos días y tienen que sacar los dóberman a pasear, el otro día también sacaron a Alfonso Guerra.


Y como no podía ser menos, Chaves ha acusado a la derecha de "querer desmantelar el estado del bienestar" y de querer moldear a su gusto a la sociedad española "que en su mayoría es de izquierda", así que según él, peligra la democracia si gana el PP en Andalucía.


Y se le ha ocurrido decirlo el mismo día que se ha sabido que la Junta de Andalucía presidida por el PSOE financió una operación política del partido, contratando un despacho de abogados para interponer una querella criminal contra una concejala de Izquierda Unida de Camas, en Sevilla, con el fin de violentar su voluntad en la votación de una moción de censura contra el entonces alcalde, Agustín Pavón (PP), para intentar promover un cambio de gobierno por una vía distinta a la de las urnas.


Y las tres facturas que les pasó el despacho de abogados, una del 9 de junio de 2004, de 8.120 euros, por "interposición de querella criminal", otra del 14 de septiembre del mismo año, de 8.120 euros "por diligencias previas", y la tercera, de noviembre de 2005, de 6.960 euros, por "honorarios profesionales", fueron todas pagadas por el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, con dinero del llamado "fondo de reptiles", es decir con el dinero de nuestros impuestos.


Y también el mismo día que se ha conocido un escrito del ex jefe de la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) Francisco R.B., en el que comenta que lo cesaron a finales de  noviembre  de 2011 por investigar los turbios negocios de Iván Chaves, el hijo precisamente de Manuel Chaves, y por no querer hacer lo que le pidieron, "una faena de aliño" y correr un tupido velo sobre el tema. Y cita incluso el nombre del comisario que se lo pidió, en activo actualmente y tan terne.


Recordemos que Iván Chaves puso una denuncia falsa por robo de documentos en su despacho, documentos que se sospecha que escondió él mismo porque le incriminaban en otros delitos. Sospechas que se basan en su propia agenda, donde anotaba minuciosamente las cantidades de dinero que conseguía a través de reuniones con altos cargos del gobierno andaluz y representantes de las cajas de ahorros, y resulta de estas anotaciones que las comisiones que percibía por sus labores de mediación alcanzaban en ocasiones hasta el 45% de la operación.


Recordemos también que otra hija de Manuel Chaves, Paula Chaves, era apoderada de la empresa Matsa cuando dicha empresa recibió más de 10 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía que presidía su padre.


Por todo lo cual se deduce que el verdadero peligro para la democracia lo representa el partido socialista y el primer peligro para el dinero público, es el señor Chaves y su familia, porque aunque hoy hemos hablado de sus hijos, de sus hermanos también habría mucho que decir.

METEN EN LÍOS HASTA A SU PROPIA MADRE

 



METEN EN LÍOS HASTA A SU PROPIA MADRE


La juez Alaya ha ordenado la pasada madrugada el ingreso en prisión de Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que fue trasladado de inmediato a la cárcel de Morón de la Frontera, en Sevilla.


Trujillo había estado declarando durante todo el día y este envío a la cárcel es consecuencia de esas declaraciones. Con el mayor desparpajo ha confesado que cuando Guerrero le comentó que "necesitaba tener liquidez para seguir comprando cocaína", le facilitó los datos y el DNI de su madre, para que le hiciera ingresos que posteriormente retiraban y sin que la madre, ya muy mayor, seguramente estuviera al tanto de tales manejos. Así que la madre se ve implicada por haber "recibido" 122.649 euros.


También ha confesado que en dos ocasiones, que él recuerde, viajó a Madrid para recoger unos sobres con dinero de manos del director general de la aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín, que después entregaba a su jefe. Hay que recordar que Vitalia era una de las mediadoras en los ERE.


Ambos, chófer y jefe, consumían, según dice Trujillo, más de 25.000 euros mensuales en droga, cocaína sobre todo, entre cinco y diez gramos diarios que él mismo preparaba en bolsitas y entregaba a su jefe según se lo solicitara. Eso se llama un chófer para todo.


Y para que todo quedara en casa, el dinero para la droga salía de las ayudas públicas que recibía por las empresas ficticias que había creado a tal efecto y la cocaína se la suministraba el hijo del dueño de un restaurante de la Sierra Norte sevillana, que a su vez también recibió ayudas públicas y está siendo investigado.


Ya fuera del cargo de chófer, y para no perder la costumbre, Trujillo ha reconocido que cobra el paro indebidamente gracias a que le dieron de alta de forma ficticia dos empresarios amigos suyos.


Hay que recordar que con las ayudas públicas obtenidas gracias a las empresas ficticias que creó entre 2003 y 2007 mientras era chófer de Guerrero y ambos vivían días de vino y coca, Trujillo ha confesado que se compró tres terrenos y un piso en la calle San Luis de Sevilla, le devolvió entre 60.000 y 80.000 a Guerrero para que tuviera "liquidez" y se gastó más de 40.000 euros en regalos para su jefe. Agradecido que es el hombre. Así le compró un piano de 4.000 euros, teléfonos móviles por 1.200 euros, 2.000 euros en ropa, relojes de lujo y antigüedades que él mismo le trasladó a su casa de El Pedroso, otro pueblo de la Sierra Norte de Sevilla.


Se comportaban como virreyes y hacían y deshacían a su gusto mientras pudieron, rodeados además por la corte de los que les bailaban el agua para obtener a su vez beneficios.


Ahora la juez Alaya imputa a Trujillo once delitos, tres de obtención indebida de subvenciones, uno de falsedad en documento mercantil, un delito continuado (y tan continuado) de cohecho, otro de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación, otro de malversación de fondos públicos y tres delitos de falsedad en documento oficial y le ha puesto una fianza por responsabilidad de 2,3 millones de euros.


La madre, de momento, bastante tiene con tener tal hijo.

OPERACIÓN LIMPIEZA

 



OPERACIÓN LIMPIEZA


Sigue la prensa desgranando la "Operación Limpieza" que organizó el PSOE para esconder los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.


Según declara a la Guardia Civil la ex asesora, el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010 hubo reunión extraordinaria de altos cargos del departamento con el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, y personal externo de la Conserjería para "reelaborar" expedientes.


Desde las nueve y media de la mañana de aquél sábado comenzaron la "Operación Limpieza". Toda la cúpula del departamento estaba allí, incluido el actual director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.  Y el domingo acudieron además el que fuera jefe del gabinete del consejero, Rafael Calvache, su mujer, y la ex directora gerente del SAE, Alejandra Rueda.


También acudió el consejero Recio y su actual viceconsejero, Justo Mañas. Les faltó avisar al telepizza, por aquello de animar los intermedios. Al parecer, se encerraron todos a discutir y las voces se oían alzarse tras las puertas cerradas.


Y en ese fin de semana interminable, rastrearon correos electrónicos, documentos, archivos de ordenadores, volvieron todo del revés para encontrar las pólizas de las prejubilaciones, "había que reelaborar la lista de expedientes vivos por provincias", dice la ex asesora,  y todo sin dejar rastro, hasta el punto que lo grabaron en una memoria USB para intentar que no quedara rastro en el ordenador.


Luego hubo que hacer desaparecer también los rastros de su presencia allí en horario desusado, para que los funcionarios no se enteraran de lo que habían organizado aquellos dos días; vasos, botellas, papeles, todo tenía que desaparecer para que nadie supiera que había sido un fin de semana de intenso trabajo, hasta fregaron las tazas y copas en el baño, según la ex asesora.


La guasa andaluza comienza a hacer correr la especie de que esos han debido ser los únicos dos días que estos han trabajado intensamente en todos estos años.


Esperemos que la condena a Jaume Matas no sea una raya en el agua sino que estos sean también condenados con lo que les corresponda de cárcel a cada uno y, sobre todo, obligados a devolver todo lo malversado, afanado y dilapidado alegremente en comilonas y otras "fiestas", como las que cuenta el chófer de Guerrero.

TREINTA AÑOS DE CORRUPCIÓN

 



TREINTA AÑOS DE CORRUPCIÓN


Lleva el PSOE la friolera de treinta años gobernando en Andalucía, treinta años de mentiras, despilfarro y corrupción. Treinta años en los que han prometido de todo, desde vacaciones gratis y un sueldo a las amas de casa, habitaciones individuales en los hospitales públicos, trabajo para todos y hasta ascensores gratis en los edificios de más de tres plantas. Y no han cumplido nada de lo prometido, pero han despilfarrado el dinero de todos los andaluces y se han enriquecido ellos y sus familiares.


Y después de estos treinta años de gobierno del PSOE lo que hay es más de un millón y medio de parados, un tejido industrial inexistente y doscientos cargos públicos en procesos judiciales acusados de corrupción. Toda la trama de los ERE fraudulentos pasa por Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, que han estado al frente de la Junta de Andalucía todos estos años.  Además, Griñán fue consejero de Economía y Hacienda antes de llegar a presidente e incrementó las partidas de los ERE.


Una asesora de la Consejería de Trabajo ha desvelado ahora a la Guardia Civil que la Junta de Andalucía intentó ya en 2008 tapar el escándalo de los ERE, a ella le ordenaron poner orden en todos los líos de Guerrero, los expedientes carecían de convenio de colaboración entre la Dirección General y la Agencia IDEA, no existía el expediente ERE en la carpeta referida al asunto que se tratara, ni justificaciones de subvención ni la mayoría de datos necesarios, por lo que no se podía verificar la legitimidad de los derechos de los beneficiarios de las ayudas con los datos de que se disponía. En algunos convenios o compromisos no se sabía ni el objeto social de la empresa.


 La deuda era de más de 311 millones de euros sólo en apoyo a pólizas de prejubilaciones conforme a informaciones procedentes de aseguradoras, sin que se hubieran previamente revisado los expedientes. Total, como el dinero público "no es de nadie".


Pero se le ordenó taparlo todo porque "no era posible abordar ese escándalo de descontrol sin conocer siquiera el fondo de lo que en realidad había ni lo que había firmado Guerrero".


La asesora declara que desde el 21 de noviembre de 2011 los expedientes han estado bajo el control del director general, Juan Márquez, ahora imputado; se vaciaron armarios y los documentos se tenían bajo llave con permiso de la asesora del consejero y de la secretaria. Incluso dice que la secretaria le comentó que eran días de verdadera locura, unos días tenían permisos y llaves y otros se las quitaban.


Y a partir de 25 de noviembre, dice la asesora, "apareció un grupo de personas que nadie conocía para trabajar con los expedientes en la sala del fondo, detrás de donde están las secretarias, con las persianas bajadas, parecían equipo del Gabinete del consejero". El consejero de Empleo en ese momento era Antonio Fernández, ahora imputado.


Después de estos treinta años de escándalos y corrupción, el próximo 25 de marzo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y lograr que Andalucía llegue a ser lo que por su potencial debe ser, lo que nunca debió dejar de ser. ¡Andaluz, piensa bien a quien das tu voto!

LA COSA ESTÁ QUE ARDE

 



LA COSA ESTÁ QUE ARDE


La cosa está que arde en Andalucía y no solamente por las elevadas temperaturas que se están produciendo en estos días, sino por los detalles que aparecen cada día sobre el manejo del dinero público por parte de la Junta de Andalucía.


Ahora sabemos por el Tribunal de Cuentas que los fondos que debieron ir destinados a políticas de empleo, en una tierra tan castigada por el paro, fueron desviados para otros usos y, a veces, al bolsillo de alguno.


Ante el miedo a las elecciones (y la anunciada pérdida de votos) los socialistas están llegando incluso al insulto personal, hasta han realizado un vídeo en el que llaman "gallina" a Arenas por no haberse prestado a la encerrona de Canal Sur. 


El régimen totalitario que ha venido gobernando en Andalucía durante 30 años se tambalea a pesar del tradicional clientelismo. Y es que los casos de corrupción son ya tantos que hasta los más fanáticos están comenzando a abrir los ojos. Y eso que los Sindicatos han acudido al socorro del PSOE convocando una Huelga General y manifestaciones a diestro y siniestro, pero la impresión general es que hay mucha gente harta.


Hasta ahora muchos habían mirado para otro lado porque " son los nuestros", pero la crisis ha dejado al descubierto a muchas familias que han caído en la cuenta que mientras ellas pasan necesidad otros andan robando el dinero de todos. Se necesita una catarsis y ahora surge la oportunidad.


Es hora ya de que los andaluces pasen factura a aquellos que han empobrecido aún más la región en beneficio propio. Lo último es la creación de "puestos virtuales", es decir, empleos que no existen en realidad pero que sirven para situar a quién les parece y pagarles un sueldazo sin hacer nada, como el caso del ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, imputado en el caso de los ERES y para el que han creado el puesto virtual de "coordinador en la unidad de prevención de riesgos laborales", puesto inexistente en la función pública andaluza. Son "plazas mochilas" para recolocar  ex altos cargos y seguirles pagando elevadas nóminas.


Por cierto, que hoy se ha publicado en el diario ABC que José Antonio Guiñán, que tanto ha dicho que él no estaba implicado en nada de los falsos ERES y que sacaba pecho diciendo que él era el primero en haber acusado a Guerrero ante la Fiscalía, firmó un documento para modificar los presupuestos andaluces de 2008 para modificar la partida 31L, que figuraba como "Administración de las Relaciones Laborales" y que Francisco Javier Guerrero rebautizó como "fondo de reptiles", dicha modificación iba dirigida a financiar con 1,2 millones de euros el plan Bahía Competitiva.


Este plan está siendo ahora objeto de investigaciones policiales ante los indicios de desvío de dinero a paraísos fiscales y fondos bursátiles. Griñán desvió dinero de la partida 32H, "planificación para el Empleo" para transferirlo a la otra partida 31L, para complementar el Plan Bahía y cuyos fondos serían gestionado por la controvertida Agencia IDEA, empresa pública perteneciente a la Conserjería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía que también gestionaba las ayudas a empresas investigadas por los ERE fraudulentos.


Respecto del Plan Bahía ya detectó la Policía que más de 27 millones de euros fueron desviados a un conglomerado de sociedades creadas entre 2008 y 2011 con el único fin de captar subvenciones a través de proyectos fantasmas e inviables radicados en direcciones falsas. Estas empresas llegaron a presentar certificados bancarios, facturas y contratos completamente falsos. Todo un entramado para esquilmar al pueblo andaluz durante años y años.


Es como digo la oportunidad para Andalucía de pasarle ahora factura al PSOE el próximo 25 de marzo, en las urnas. 

A PRISIÓN POR LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO FALSOS

A PRISIÓN POR LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO FALSOS


La Juez Mercedes Alaya ha ordenado el ingreso en prisión provisional del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Por algo se empieza, porque este pájaro no ha hecho nada solo y toda la cúpula sabía, consentía e incluso trazaba el camino a seguir.


A Guerrero se le pide una fianza de 933 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil. Él mismo reconoce que todos sus superiores sabían que los fondos millonarios (de reptiles) se repartían "discrecionalmente y sin publicidad" e implica a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como a ex presidente de la Junta, Manuel Chaves y al tramposo que votaba con pies y manos, Gaspar Zarrías.


Esperemos que haya más encarcelados y, sobre todo, que se les obligue a devolver el dinero.

SIGUE LA RETAHÍLA DE DELITOS

SIGUE LA RETAHÍLA DE DELITOS


Cada día nos desayunamos con nuevos delitos económicos cometidos en uno u otro sitio y casi siempre por las mismas personas.


Desde Laura Gómiz con su teoría de "si no hay plan de inversión, nos lo inventamos" hasta el  ostentoso consorte que tampoco quieren estigmatizar porque ya se estigmatiza bastante él solito.


En una nueva grabación Gómiz reconoce que hay más de 38 proyectos con documentación incompleta pero "que si no hay los documentos nos lo inventamos ahora mismo, yo tengo más capacidad de inventar que nadie". Todos estos inventos los hacía para entregar a sus conocidos y amigotes ayudas a las que no tenían derecho, ayudas que salían del bolsillo de todos los andaluces.


Y un nuevo caso de los fondos de reptiles, Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, Pepote Rodríguez de la Borbolla, y ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), que recibió nueve millones de euros en ayudas directas del fondo de reptiles, así como Enrique Rosendo y José María Sayago, ex ediles socialistas que recibieron trece millones de euros de los mismos fondos de ofidios.


A Ángel Rodríguez de la Borbolla ya se le concedieron más de quinientos millones de las antiguas pesetas para poner en marcha una empresa de ionización por acelerador de electrones"en relación con los procesos de alimentación". Se los concedieron antes incluso de tener los terrenos donde construir la planta. Con razón se llaman "subvenciones a fondo perdido", ¡y tan perdidos!, la empresa nunca se hizo y del dinero nunca más se supo. Trabajo tiene la Juez Alaya.


Y sale a relucir también un sobrino de Felipe González que estaba de mochilero en una empresa pública, lo que significa cobrar sin aparecer para nada por allí mientras en realidad trabajaba en otra empresa, de la que también cobraba.


Y la noticia de que Urdangarín cobró a la empresa Agval, Aguas de Valencia (él personalmente, no  su socio) 125.000 euros por gestiones para conseguir trasvases de los dos principales ríos de Jordania, que es algo similar a hacer un estudio sobre pozos en el desierto. El dinero fue directamente a una cuenta en Credit Suisse, en Lausana, Suiza. El proyecto nunca se llevó a cabo. Para ser empresas no lucrativas, bien que se lucraban. Pero no lo estigmaticemos ni a él ni a su esposa y socia, la infanta Cristina, faltaría más, de casta les viene a los galgos, no hay más que mirar los ascendientes de un lado y de otro.

SOBRE LA FALTA DE ÉTICA

SOBRE LA FALTA DE ÉTICA


Menos mal que ellos mismos se lo reconocen, en el PSOE carecen de ética. Entre tanto ERE irregular y tantos fondos de reptiles, aparecen ahora nuevas informaciones sobre una empresa pública dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, Invercaria.


La presidenta de Invercaria, Laura Gómis Nogales (que fue nombrada para ese puesto tras contratar a Iván Chaves, el hijo de Manuel Chaves, ex presidende de la Junta) reconoce en unas grabaciones que se han conocido ahora las numerosas irregularidades en la gestión de dicha empresa pública así como el reparto a su aire de las ayudas e inversiones.


En dichas grabaciones reconoce que todos los cargos superiores de la Junta estaban al tanto de dichas prácticas, lo que deja a Griñan a los pies de los caballos. Desde el PSOE dicen ahora que las grabaciones están manipuladas, algo tienen que decir para echar balones fuera, pero la Juez Alaya avanza de forma inexorable.


Estas grabaciones reproducen una conversación del 26 de abril de 2011 de Gómis con el entonces director de promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez. En dicha conversación Gómiz exige a Cantos que elabore diversos expedientes con informes falsos y fechas anteriores porque está en marcha una auditoría y necesita justificar ayudas que se han concedido sin cumplir los requisitos legales.


Cuando Cantos le dice que no le parece un comportamiento ético, Gómis responde que si ella se comprometiera con la ética no estaría trabajando con esa organización. Y cuando Cantos insiste "yo tengo que ser honrado, te puedo hacer un informe con la verdad y tú decides si te vale o no".


Gómis le contesta "entonces no me vales para trabajar en Invercaria", (poco después era despedido) y "yo sólo hago lo que todos hacen". Con lo que deja claro que el procedimiento habitual era hacer cada cual de su capa un sayo y el que venga detrás, que arree.


La cuestión es que Invercaria invirtió más de 60 millones de euros en operaciones irregulares y a cuenta del bolsillo de todos los andaluces. La auditoría de la Cámara de Cuentas deja muy claro que en Invercaria los fondos públicos se concedían de manera opaca y discrecional, sin criterio y sin publicidad.


Y como tontos no son, hay que llegar a la conclusión que mucho de ese dinero "se perdía" por el camino, ya me entienden. Así está Andalucía, en la ruina, tras 30 años de gobierno del PSOE.

SENSACIÓN DE IMPUNIDAD

SENSACIÓN DE IMPUNIDAD


La sensación de impunidad en el tema de los ERE de Andalucía ha sido de tal calibre que aparecen hasta cartas recomendando a fulanito o menganito para que "lo metas en un ERE".


Así, la carta con membrete de CCOO que está en manos de la juez Alaya, en la misma, Enrique Jiménez García, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras hasta marzo de 2009 y luego responsable de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía y que ha sido imputado por la juez por la introducción de un intruso en el ERE de Calderinox.


En dicha carta, Jiménez García le pide a Juan Marquez, sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo y también imputado, que meta en el ERE de Acerinox a Antonio Fernández Garzón, aunque nunca hubiera trabajado en esa empresa, por acuerdo entre CCOO y la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla. Al final logró una póliza de seguro de prejubilación por más de 172.000 euros pese a no haber pisado Acerinox en su vida. Igual que Juan Rodríguez Cordobés, otro imputado que colaron en el ERE de Acerinox sin haber trabajado nunca en dicha empresa.


Todos estos casos iban subiendo el importe de los ERE, además de provocar comisiones elevadas por parte de las mediadores con las compañías de seguros, Vitalia y Uniter, conscientes de lo que estaba pasando.


Era la sensación de sentirse "dueños del cortijo andaluz" y de que nadie les podía oponer resistencia a sus deseos.


Creían que podían hacer y deshacer a su antojo, pero dicen que a cada cerdo le llega su San Martín.