SIGUE EL FRAUDE DE LOS ERE
Esto del PSOE y los sindicatos, es ya una enfermedad, es el síndrome del euro, ven una posibilidad de cobro aunque sea fraudulenta y no se pueden resistir, y como encima la Junta de Andalucía hace la vista gorda, pues miel sobre hojuelas.
El número de ERE investigados por la Justicia superan ya el centenar frente a los 37 de que hablaron al principio. Y siempre, claro, como telón de fondo las actuaciones de UGT y CCOO.
La actuación de la Justicia se centra ahora en los ERE que contienen manifiestas irregularidades, pero existen otros en que los sindicatos incurrieron en irregularidades durante su tramitación y que al ser descubiertos, se arreglaron sobre la marcha sin ninguna penalización por el intento de fraude.
Éste último caso es el de la base de Morón. La empresa Vinnell-Brown and Root, que es la que opera en la base estadounidense de Morón, solicitó a la Junta un expediente de regulación de empleo para despedir a 286 trabajadores de los 594 que componían su plantilla, con el acuerdo previo de UGT y CCOO; no obstante, el sindicato USO se opuso a dicho ERE porque le parecía desproporcionado el número de despidos y sobre todo, la manera arbitraria de elegir a los afectados.
Tras unas nuevas negociaciones con la empresa, UGT y CCOO aceptaron la cifra de 150 despidos. Pero USO volvió a rechazar el acuerdo tras observar que seguía existiendo un sistema de "amiguismo" a la hora de seleccionar a los despedidos. Ante las dudas suscitadas, USO pidió las listas de los 150 afectados por el ERE, justo antes de que este fuera definitivamente aprobado por la delegada provincial de Empleo, Aurora Cosano.
Al primer repaso de la lista de afectados, ya aparecieron al menos ocho casos de personas que habiendo sido antiguos empleados de la Base, ya no estaban trabajando allí en esas fechas, eran pensionistas por invalidez, jubilados etc...Todo lo cual se puso en conocimiento de la Delegación de Empleo por escrito.
Huy, qué error más tonto, dijeron, nadie había detectado nada, entonces la Inspección de Trabajo se vio obligada a revisar la lista de los afectados por el ERE, llegando a detectar hasta 31 personas que no tenían por qué estar allí, por no tener contrato activo con la Base en el momento del ERE. Y tras apreciar un acuerdo fraudulento entre CCOO, UGT y la empresa, la Inspección recomendó a la Consejería de Empleo denunciar el caso ante la Justicia.
¿Tramitó la Junta la denuncia ante la Justicia? Pues no, se limitó a borrar del ERE a los 31 colados indebidamente y dictaminó que "habiendo subsanado las deficiencias puestas de manifiesto a lo largo del proceso, sin que quepa apreciar vicios invalidantes en la conclusión del Acuerdo, se le da curso".
Es decir, si no llega a ser por el sindicato USO, cuelan a los 31. Así que al fin autorizaron el despido de los 119 a partir del 17 de diciembre de 2010.
¿Significaba eso el fin de las irregularidades? Pues más bien no, porque ahora resulta que altos cargos del PSOE de Alcalá de Guadaira están implicados en el ERE de Morón, vamos que se han beneficiado de él sin que les corresponda.
Sirva de ejemplo el segundo teniente de alcalde y vicesecretario general del municipio, Francisco García Jiménez que dejó oficialmente la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento el pasado 13 de septiembre, según consta en el acta plenaria, para volver a la Base, en la que había trabajado en 2007 y así incorporarse oportunamente al ERE rubricado en diciembre. Gracias a esta picaresca, García Jiménez cobró más de 100.000 euros por el ERE, después de haber estado cobrando en el Ayuntamiento, por dedicación exclusiva, 53.375,84 euros al año desde junio de 2007. Ya saben, en el PSOE el que no corre, vuela.
RODRÍGUEZ ESTABA AVISADO
Se ha llevado años negando la crisis, ¿qué crisis, decía?.
El miércoles pasado, día 16, se atrevió a decir en el Congreso de los Diputados que ni el Fondo Monetario Internacional pudo prever la crisis.
Ya tenemos dicho que no se le puede creer ni lo que se le ve, y lo vuelve a demostrar hoy el diario El Mundo, que informa sobre un documento que le hizo llegar en 2006 a Rodríguez la inspección del Banco de España, sobre los peligros para la economía de española de los riesgos que estaba corriendo la Banca, con una excesiva exposición al ladrillo y una alegre concesión de hipotecas a voleo y "las graves consecuencias que podría tener para un número considerable de familias una posible evolución adversa del entorno económico".
Nada hizo entonces y ahora nos lamentamos de ello. Ya lleva el Estado más de 11.000 euros inyectados al sector financiero y se dispone a agregar otros 20.000 millones más. Este gasto de dinero público habría sido innecesario si en 2006 hubiera aplicado las recomendaciones de los inspectores del Banco de España.
Esa nota informativa de la inspección fue recibida a las 13:03 horas del 26 de mayo de 2006 en el Ministerio de Economía, según el registro oficial y de ella nunca hablaron. Constaba de una nota explicativa dirigida a la jefa de gabinete del entonces vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía, Pedro Solbes, el que tampoco oyó nunca hablar de crisis, y un anexo dirigido directamente a él.
En el texto del informe hablaban ya de que se estaba produciendo una burbuja inmobiliaria en el sistema financiero español que podría traer peligrosas consecuencias y tachaba la situación económica de delicada y al sector financiero de frágil.
Pero a pesar de dicha nota, el Gobierno siguió insistiendo en que éramos los mejores y pronto superaríamos a Francia y Alemania.
Después vinieron las lamentaciones, cuando era ya demasiado tarde para ponerle remedio. Pero que conste que hubieran podido intervenir a tiempo, simplemente no quisieron, pasaron del tema olímpicamente.
Hoy superamos a Francia y Alemania y a muchos más países, pero en paro y en problemas económicos.
LA FAMILIA QUE TRABAJA UNIDA
No sé si la familia que trabaja unida, permanece unida, pero que se forran, es seguro.
Francisco Toscano Sánchez (Quico para los amigos), eterno alcalde de Dos Hemanas desde 1983 y cabeza visible del clan Toscano dentro del socialismo sevillano, participa en estas empresas, además de llevar la alcaldía:
1.- Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. A 41094963
2.- Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme Sociedad Anónima A91351932
3.- Hipódromos de Andalucía S.A. A92066380 (En el registro de Málaga)
Pero curiosamente en Dos Hermanas hay un Hipódromo.
Además Toscano es presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y sus hermanos están, casualmente, también muy bien colocados en la Administración. Y hasta un hermano de su anterior mujer, Juan Ignacio Gil Moreno, está en el Ayuntamiento y en Apuesta Mutua Andaluza S.A., que controla su nueva pareja.
Su compañera sentimental, Basilia Sanz Murillo, es primera teniente alcalde de Dos Hermanas, Delegada de personal, Coordinadora del Área Técnica y Grandes proyectos y senadora del PSOE; controla además la Sociedad de Desarrollo Económico Municipal de Dos Hermanas S.A A41969775, y la Apuesta Mutua Andaluza S.A. A41942806, cuyo objeto social es la explotación pública de hipódromos y apuestas hípicas (justamente el de Dos Hermanas, por ejemplo).
Pero además, Basilia Sanz estuvo casada con quien es o ha sido el jefe de la recogida de basuras de Dos Hermanas, a quién ella misma situó en dicho cargo.
Un hermano del alcalde, Fernándo Toscano Sánchez, trabajó cinco años como abogado laboralista para UGT, hasta que en 1985 ingresó en el Servicio Andaluz de Salud, como jefe de servicio, después de jefe de sección y más tarde fue director de la Secretaría de Contratación. Además fue titular de la Dirección General de Economía Social del 2000 al 2004, puesto al que accedió después de ocupar la Dirección General de Cooperativas en la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 1994 a 1996. En 2004 fue nombrado Director general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo en el que permaneció hasta 2005. Ha asumido la presidencia de la Fundación Andaluza de Escuela de Empresas y el Consejo Andaluz de Cooperación.
Carlos Toscano Sánchez, otro hermano, fue Secretario General de Relaciones con la Administración de Justicia, después fue viceconsejero de Justicia en 2006, y antes de eso había sido delegado provincial de la Consejería de Justicia en Sevilla, y también fue Director General de Empleo y después de Trabajo Social y Empleo y Secretario General de Asuntos Sociales.
En realidad sería interminable seguir con los hermanos, hijos y demás parientes enchufados de una u otra manera en la Administración.
Y como su caso no es único y abundan ejemplos semejantes en el PSOE, ahora se explicarán ustedes por qué hay tanto paro en Andalucía, todo el empleo lo copan entre unos pocos del PSOE, y también los sueldos, claro.
SANTANA MOTOR
Quince años después de aquel ERE de Santana, la empresa de Linares, del que ya hablamos en días pasados y después de gastar además más de 600 millones de euros de dinero público en intentar reflotarla, la Junta de Andalucía llega a la conclusión de que Santana Motor no tiene futuro como empresa de automóviles.
Estas cosas les pasan por una razón muy simple, porque el dinero no es suyo, si fuera suyo ya se hubieran preocupado antes.
Ahora quieren transformar Santana en "Linares-Futuro" que aún no saben muy bien lo que es pero que estará muy lejos de los automóviles. Para empezar, como los 1.200 empleados que quedaban en Santana de lo que entienden es de automóviles, pues viene lo de siempre.
Y lo de siempre son 792 prejubilaciones para los mayores de 50 años y recolocar a los menores de 50 en otras empresas de la zona con contratos indefinidos y en empresas del metal. Lo cual también querrá decir lo de costumbre, que se forren los sindicatos con los supuestos cursos de formación que haya que darles para reciclarlos, más el dinero que haya que darle a las empresas de turno. Porque si usted tiene una empresa que trabaja el metal, una fundición, pongamos por caso, ¿por qué va usted a admitir trabajadores de más de cuarenta años con contrato indefinido? Pues porque la empresa sea del cuñado o del primo de menganito y a cambio se lleve unos cuantos millones, si no, no es creíble.
Y ahora agárrense al sillón. en vez de lamentar esos 600 millones perdidos, el PSOE y la Junta de Andalucía hacen una declaración conjunta en la que dicen "que se alegran de este fin". Ya me dirán si no es para que se lo hagan mirar, porque muy bien no deben estar. Y eso en Linares (Jaén) que cuenta ya con 7.000 desempleados sobre una población de 62.000 personas, en las que entran también ancianos y niños, claro es.
En los dos últimos años la empresa arrojaba pérdidas de más de 80 millones de euros, con la Junta controlando el 100% del capital. Ni a Chaves ni a Griñán se les ha ocurrido nunca cuando "nacionalizan" empresas que lo primero que se precisa en ellas en un buen gestor, alguien que sea capaz de buscar carga de trabajo y salida de stocks y mira que hay países emergentes donde los vehículos de Santana hubieran podido venderse, pero eso sería hacer las cosas bien y aquí estamos acostumbrados a tirar el dinero público pero nadie parece que les ha enseñado a procurar hacer las cosas de la mejor manera posible, como nuevos ricos que son, creen que todo se arregla con dinero, el de otros, claro, no el suyo, nunca caen en la cuenta que además, hace falta inteligencia.
Así que ellos, Chaves y Griñán, nunca pensaron en retirarse de Santana y dejar paso a quién fuera capaz, de verdad de vender vehículos. Ahora dicen que es que no había pedidos, es que los pedidos no caen del cielo como el maná, los pedidos hay que buscarlos aunque sea debajo de las piedras del desierto y no salir ahora diciendo que es que los modelos no eran competitivos y que el fin de la fabricación del Suzuki Jumny les dio la puntilla.
Suzuki aterrizó en Linares cuando se les terminó la licencia para fabricar los todo terreno de Land Rover, iniciada en 1961. En 1991, Suzuki se convirtió en accionista mayoritario, y en 1993 tenían ya el 83, 75% de las acciones, pero dos años después "dándose cuenta del percal", como se dice en Andalucía, se retiraron por completo de la empresa.
¿Qué cual era el percal? Las huelgas salvajes de los sindicatos y los problemas que creaban que impedían terminar los pedidos a tiempo, porque estos siempre hablan de un cúmulo de derechos sin la más mínima concesión a un deber. Entonces la Junta de Andalucía se hace cargo de la empresa con la idea de encontrar más carga de trabajo y desde entonces no ha cesado de inyectar dinero en la empresa sin buscar pedidos, que es lo principal.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía adquirió en 2007 por 8,1 millones de euros unos terrenos industriales de 46.497 metros cuadrados propiedad de la empresa, pero ese dinero tampoco sirvió de nada y cayó al mismo pozo sin fondo que el resto.
Ahora sueñan con poner allí fábricas de fibra óptica y centros tecnológicos de vanguardia. Naturalmente, en el pueblo ya no se lo cree nadie. A pesar de que Griñán se presentó allí arropado por tres consejeros, el de Empleo, el de Innovación y el de Hacienda, para "vender" la nueva operación. Pero es que después de tantos años y tantos engaños, aunque se presente con una medalla de la Virgen de Fátima, no los cree ya nadie.
SER CONSCIENTES DE LA REALIDAD
Durante muchos años, en España, hemos querido engañarnos a nosotros mismos y decirnos que los asesinos de ETA son cuatro gatos.
Pero para ser cuatro gatos hacen mucho ruido en las manifestaciones. Éste sábado se han manifestado en Bilbao a favor de Sortu, que es como decir Batasuna y como decir ETA, unos cuantos miles de personas. Mismo perro con diferentes collares.
Y ellos lo saben como los sabemos todos, no obstante han acudido a la manifestación ocho destacados representantes del PNV, entre ellos el candidato a la alcaldía de San Sebastián, Eneko Goia.
Ni que decir tiene que Arzalluz se ha volcado y ha echado el resto con Sortu. Todo esto en nombre de la libertad de expresión y manifestación. Y con él varios miles de personas como digo.
Entre esos miles de manifestantes están los partidarios del tiro en la nuca, los que lo han dado alguna vez pero no han sido identificados, los delatores, aquellos que señalan con el dedo al vecino, al compañero de trabajo, al amigo del bar, al primo, al que comete el delito de no pensar como él o de no dejarse extorsionar por ETA, para que sea asesinado posteriormente como hemos visto tantas veces, los que traen y llevan noticias a los etarras, los que cobran el dinero de las extorsiones y cruzan a Francia a entregarlo, etc...etc...
Es decir que debemos deducir que hay miles de indeseables y asesinos en potencia en aquella zona, que ven con buenos ojos que entre Sortu en las instituciones vascas y que los muertos víctimas al hoyo y los vivos al bollo del cobro en los ayuntamientos, y todos felices y contentos, como si no hubiera pasado nunca nada. Ni se pide perdón, ni se entregan las armas ni se resarce a las víctimas, aquí lo que se quiere es que triunfen los asesinos. Y encima, con amenazas al Estado: "No se aceptará un no por respuesta".
Pues ahí tienes al toro, Rodríguez, puesto en suerte, ya veremos como lo toreas.
CUANDO COMIENZA LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que la civilización tal y como la conocemos, se está desmoronando. Que hay un cáncer interno en la sociedad que va más allá de la crisis y que no tiene fácil arreglo porque está en un plano diferente al económico y entra más bien en el orden de los valores morales.
Estamos asistiendo a levantamientos en diversos países de nuestro entorno. Los griegos han decidido no pagar por los servicios públicos cada vez más caros y llaman a la desobediencia civil para no pagar ni en el metro ni en los autobuses, ni en las autopistas. No son lo que hasta ahora entendíamos por pobres, son pensionistas, funcionarios, trabajadores, cansados de que los políticos y los banqueros se enriquezcan a su costa.
Multitudes de todas las edades salen a la calle con pancartas en las que figura el lema "Den Pliróno" (No pago), hartos de que les bajen los sueldos y las pensiones y les suban los impuestos, en definitivas hartos de que otros se enriquezcan con su trabajo. Su grito de guerra es "Nosotros no pagamos las crisis de otros".
Y a pesar de que el gobierno griego amenaza con multas de hasta 200 euros por saltarse el peaje de las autopistas, hace un mes el alcalde de Stilidas, en la Grecia Central, Apostlos Gletsos, cuya ciudad se ve afectada por los carísimos peajes de la autopista y sin ninguna ruta alternativa para ir a los pueblos del entorno, derribó con una excavadora el puesto de peaje. Fue detenido, pero cuando fue puesto en libertad, sus vecinos le recibieron como a un héroe.
Y en el resto de autopistas del país, la gente levanta las barreras y se niega a pagar.
Se calcula que ya hay un 40% de personas que viajan en autobús sin pagar y al menos un 20% en el metro. En Grecia además, existe el copago sanitario, les cobran por consulta médica pública, y han subido la tarifa de tres a cinco euros; entre eso y la alta tasa de paro, sumada a la subida de los alimentos, la gente acaba por estallar porque ha perdido más de un 25% de su poder adquisitivo, eso el que aún cobra algo.
No se dan cuenta los políticos de que ese efecto puede desencadenarse en toda la Europa del sur, que es la más afectada por los problemas económicos. Y podemos vernos envueltos en una tercera Guerra Mundial.
SE CREÍA YA OLVIDADO
Con la ayuda de la Fiscalía, Bono se creía ya olvidado y a salvo, pero resulta que no, que la asociación Justitia et Veritas (ojalá tuviéramos aquí en España de ambas cosas) presentó el pasado día 9 una querella contra él ante el Tribunal Supremo.
En dicha querella se revelan interesantes datos como que Bono justificó haber comprado dos fincas en Toledo, de 543 metros cuadrados, con los 42.000 euros de una herencia de sus padres. ¿Qué barato compra Bono, verdad? Esta compra la realizó cuando todavía era Presidente de Castilla La Mancha.
Pues la asociación que le ha puesto la querella no debe verlo nada claro porque le acusa de cohecho continuado, delito fiscal y falsificación de documento público por ocultar al Congreso su negocio con la Hípica Almenara de Toledo.
Por cierto, en 2001 el Ayuntamiento de Toledo recalificó los terrenos de la Hípica que pasó de no urbanizable a poder construir naves agropecuarias y en 2005 a poder poner paneles fotovoltáicos para aprovechar las subvenciones de energías alternativas. Parte de su terreno fue expropiado en 2009, 6.671 metros cuadrados, recibiendo una importante cantidad de dinero de Fomento (Pepiño), para que lo que fuera una carretera nacional se convirtiera en una autovía que mejorara las comunicaciones entre Toledo y la Hípica Almenara, esta carretera une con la Radial-4, que pasa por la misma puerta de la urbanización de Francisco Hernando, el Pocero, casualidades de la vida.
En el Boletín Oficial de Castilla La Mancha se publicó en 2004 la declaración de Bono de sus bienes patrimoniales y actividades. En esta declaración, aseguraba haber vendido "varias fincas" heredadas de sus padres y que con esta venta pagó diversas deudas pendientes y financió las viviendas de Toledo y Olías del Rey (Toledo).
Pues resulta que no, que Justitia et Veritas no está de acuerdo que con las fincas heredadas de sus padres se financiara la compra de la casa de Toledo porque la casa se compró tres años antes, según consta en su declaración de 1995.
En la declaración de 1997 y posteriores, Bono declaraba haber destinado el dinero de la venta de las "fincas " heredadas de sus padres, unicamente a la financiación de la casa de Olías del Rey. Hasta para mentir hay que tener buena memoria.
Pero además las supuestas "fincas" heredadas eran en realidad siete parcelas rústicas de olivar de secano, en Salobre (Albacete), con una superficie inferior a dos hectáreas cada una. En 1995 vendió las siete parcelas a un matrimonio de Salobre por siete millones de pesetas, es decir, poco más de 42.000 euros.
Por esa razón los querellantes opinan que no pudo financiar con siete millones de pesetas, como declaró en 2004, la casa de Olías del Rey, que se levanta sobre 401 metros cuadrados y el piso en Toledo de 142 metros cuadrados, y además cancelar deudas pendientes de las que no había la menor huella en su declaración de 1995. La querella incluye a Ana Rodríguez Mosquera, su entonces esposa, como cooperadora necesaria de tanto negocio.
Ya sabemos que la Obra de Dios hace milagros pero lo de la multiplicación de los panes y los peces no consta que haya ocurrido más que una vez.
Para acabar de redondear las cosas, la ex señora Bono, se despacha a gusto en la revista Vanity Fair, diciendo que aquellos que se preguntan de donde sale tanto patrimonio es que son de la derecha pura y dura que quieren hacer una caza de brujas con ellos, tan inocentes y buenos.
Ay, Señor, Señor, lo que hay que leer, después de cuanto llevamos visto.
CÁRNICAS MOLINA
La familia Molina, dueña del grupo cárnico que se codeó en los años ochenta con lo más granado del sector en España, pide ahora, a la vista de lo que se está descubriendo con los ERE, que se analicen los Expedientes de Regulación de Empleo aprobados por la Junta de Andalucía cuando el Instituto de Fomento de Andalucía se hizo cargo de Cárnicas Molina.
Su abogado, Javier Pereda, ante los casos de corrupción que están saliendo a la luz, derivados de los expedientes aprobados en empresas públicas, cree empezar a entender muchas cosas.
Hijos de Andrés Molina, llegó a tener 1.200 trabajadores y a facturar 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros) antes de caer en manos de la Junta de Andalucía, a la que se les ocurrió acudir a pedir ayuda financiera un mal día de 1993.
Acceder a que la Junta ayudara a la empresa supuso un verdadero calvario de pleitos y problemas que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, comienzan a entender.
La Junta de Andalucía impuso como única solución para ayudar a la empresa un contrato de cesión gratuita de acciones a favor del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), para que la Junta "reflotara la compañía", explica Pereda, y añade que nunca se hubiera llegado a la "expropiación" de la propiedad privada accionarial de una empresa de no ser por el comportamiento de los sindicatos, que les montaron una verdadera guerra civil en connivencia con el consejero delegado, manifestaciones, concentraciones ante los domicilios privados de los propietarios, amenazas, paralizaron la actividad de la ciudad y el tráfico, todo valía para coaccionarles para que se fueran de una empresa que era suya y dejaran en manos de la Junta la propiedad de las acciones.
La Junta de Andalucía pagó a los propietarios una peseta por las nueve plantas de Cárnicas Molina en 1995.
Ante el ambiente de crispación que lograron crear los sindicatos, impulsados y ayudados por altos cargos de la Junta, alentados por el cuadrúpedo Gaspar Zarrías (el que vota con pies y manos), y los delegados de la Junta en Jaen, se llegó hasta a prohibir la entrada en la empresa a los propietarios, que no lograban acceder a sus despachos, recuerda Javier Pereda.
Esta actitud impropia de un Estado de Derecho, perfectamente orquestada y de común acuerdo entre sindicatos y Junta, acabó derribando a los legítimos propietarios de Cárnicas Molina.
Se quedaron con la empresa, inyectaron ayudas de hasta 10.000 millones de pesetas, que al final, además de no servir para nada, fueron declaradas ilegales por la Unión Europea por ir contra la competencia del sector y suponer la disolución y liquidación de lo que había sido una empresa pionera y legendaria en Jaén.
Naturalmente, como siempre les ocurre, ni sindicatos ni Junta tenían la menor idea de cómo gestionar la empresa, y todo se fue al traste (o al bolsillo de algunos). Presentaron un expediente de suspensión de pagos y lo de siempre, bajas incentivadas, prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo, lo que de verdad se les da bien a ellos. Precisamente en ese ERE fue la primera vez que coincidieron Lanzas (de UGT) y Guerrero.
Y solamente entonces, ya satisfechos, dejaron de volcar los coches de los propietarios y sus abogados, pegar fuego a los edificios, apedrear las edificaciones, romper cristales y manifestarse ante los domicilios particulares de la familia Molina.
Después la vendieron a Campofrío, estos a otros y fue rodando, rodando, hasta desaparecer del mapa como negocio inviable.
¿En semejantes circunstancias, alguien cree que los empresarios pueden desear venir a invertir en Andalucía? Juzguen ustedes mismos.
HISTORIA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Ya no solamente tienen las manos manchadas por todo el dinero que llevan robado, ahora también las tienen manchadas de sangre.
Esta mujer de 37 años asesinada en Málaga había recurrido a la Justicia.
En la sentencia dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, el pasado mes de julio de 2010, el detenido J.R.C. de 41 años fue condenado a un total de 14 meses de prisión por dos delitos de amenazas graves y uno de maltrato familiar.
La sentencia declara probadas las llamadas telefónicas a la madre de la víctima y los emails en los que directamente decía "que se la iba a llevar por delante", que no iba a quedar de una pieza", "que él acabaría en Alhaurín (por la cárcel) pero tú te estarás pudriendo".
Y después de estas amenazas tan claras, van y le cambian la prisión por unas "clases de igualdad", que eran 25 y sólo asistió a 9.
La víctima había solicitado teleasistencia y se la denegaron "por defecto de forma".
El asesino, desde luego, es J.R.C. que la mató con un hacha y un cuchillo en plena calle, cuando regresaba de llevar a su hija al colegio, pero los cooperantes necesarios para el asesinato de esta mujer son los que le han dejado a él en la calle y a ella sin una vigilancia adecuada para prevenir una muerte anunciada.
El Gobierno restringió el servicio de teleasistencia en junio, envió una circular, firmada por el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente y la secretaria de la Federación Española de Municipios y Provincias, Isaura Leal, al Ayuntamiento de Málaga, diciendo que "no era posible incrementar el número de usuarias de teleasistencia" por lo que "las altas no serán efectivas automáticamente".
Hasta ese momento, como ha explicado la directora del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, cuando el Ayuntamiento reclamaba el servicio para alguna mujer amenazada, se le concedía sin problemas.
Ahora, mientras siguen tirando el dinero en tantas y tantas cosas, lo han ahorrado en algo que acaba de costar una vida humana, han dejado a una niña huérfana, que ya nunca podrá crecer junto a su madre.
El asesino tenía orden de alejamiento y la incumplió, si ellos hubieran estado vigilando, esto no hubiera sucedido; si hubiera estado en la cárcel en vez de asistiendo a clases inoperantes, la víctima seguiría viva.
Donde tienen que estar los agresores es en la cárcel, y allí, si quieren, que les den todos los cursillos que deseen, pero lejos, siempre muy lejos de las posibles víctimas.
Y espero que no se les ocurra dejarle la patria potestad de la niña al asesino, porque son capaces.
Susana María Galeote, muerta por la desidia del Estado, descansa en paz.
LAS COSAS SE PONEN CADA VEZ MÁS FEAS
Pero la culpa de que se pongan cada vez más feas es del mismo Gobierno que, no aclarando nada y rehuyendo las preguntas en el Parlamento, da lugar a que se piense siempre lo peor, ya lo dice el refrán: piensa mal y acertarás.
Ahora Juan Cotino, vicepresidente tercero del Gobierno Valenciano y Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (no sé si habrá dejado algún cargo para otro), que además fuera director general de la Policía con el Gobierno de Aznar, ha expresado sus sospechas de que lo que se cocinaba en el bar Faisán, no era solamente el soplo, sino que él cree que el Gobierno de Rodríguez entregó a ETA dinero de los fondos reservados para pagar la tregua de 2006.
Desde tiempo atrás se sabía que en ese bar se hacían transacciones de dinero con destino a la financiación de la banda terrorista. Y tampoco descarta que además estén implicados miembros del PNV y los socialistas vascos. Todo esto lo ha dicho en una entrevista en el programa de radio Bon Matí, de radio Nou.
Cotino cree que no sólo hay que aclarar quién dio y quién recibió el aviso, sino qué personas llevaron el dinero que se pagó a cambio de la tregua y de dónde salió ese dinero.
Pues si eso es verdad, ya nos explicamos por qué la Fiscalía y Garzón querían archivar el caso en 2009, miedo da pensar en manos de quiénes estamos, pagando a una banda terrorista. ¡Qué país!
LOS FUNCIONARIOS RECURREN A MANUEL CLAVERO
Desesperados y como último recurso, la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), han decidido contratar los servicios profesionales del bufete de Manuel Clavero Arévalo, ex ministro de UCD, para tratar de paralizar el "decretazo" de Griñán que han aprobado esta tarde, contra viento y marea, en el Parlamento de Andalucía.
En principio piensan en recurrir el desarrollo de la Ley y no en apelar al Tribunal Constitucional porque éste podría tardar años.
La Junta de Andalucía está ya pensando en un ahorro de 118 millones de euros y la inmediata creación de 10 agencias públicas, como siempre lo que ahorran por un sitio ya están pensando en tirarlo por otro. Pero además, si un funcionario de oposición se traslada a uno de estos nuevos organismos podría perder sus derechos,según teme el colectivo de "empleados públicos de Andalucía". No quieren que los mezclen con los empleados públicos " a dedo", que es precisamente la intención de la Junta, hacer un tótum revolútum con unos y otros, hasta que parezcan todos iguales.
Pero los funcionarios sospechan que la intención de tanta mezcla es hacer a todos laborales y así poder hacer un ERE en la Junta, como le tienen esa afición a los ERE, la gente ya no se fía ni un pelo de ellos.
Pero el Gobierno Andaluz tiene ya planeado un concurso de traslado para funcionarios, para el mes de marzo, tendrían la opción de irse a una secretaría general técnica que no se viera afectada por las agencias, o no, porque como no se fían, todo lo ven peligroso.
Empiezan a sospechar que como no hay dinero quieren que todos pasen a ser laborales y de ahí a la calle, directamente, previo ERE.
Ya tienen admitidos a trámite en el Tribunal de Justicia de Andalucía, tres recursos contra el "decretazo". Desde el Gobierno Andaluz, no han aceptado ninguna enmienda del PP y de IU, de 85 presentadas, han admitido 3, es decir, quieren hacerlo solamente a su manera.
Ahora su esperanza está en Clavero Arévalo.
LA COCINA ESTÁ DE LUTO
Ha fallecido en Singapur, a los 53 años, uno de los más grandes cocineros españoles, Santi Santamaría.
Fue el primer cocinero catalán en lograr tres estrellas Michelín en un tiempo en que España no era muy admirada en el mundo por su cocina y todos los éxitos se los llevaban los franceses. En 1988 obtuvo la primera, en 1990, la segunda, y en 1994, la tercera.
Hoy en día sumaba siete estrellas entre los restaurantes en que ha trabajado. Porque era propietario y colaboraba con otros cuatro restaurantes.
Fue Premio Nacional de Gastronomía en 2009.
Ha fallecido de un ataque al corazón mientras cenaba con su hija en el restaurante Santi, en el Resort Marina Baysands de Singapur, que ella regenta.
Santamaría nació en 1957 en Sant Celoni, Barcelona, donde inauguró junto a su esposa el restaurante que le hizo famoso, El Racó de Can Fabes, en 1981.
En el año 2000, la Guía Michelín le renovó en Can Fabes la tercera estrella y lo calificó con cuatro tenedores rojos.
Escribía un blog sobre cocina y vida, donde iba poniendo algunas recetas. Era defensor acérrimo de la cocina tradicional, de que las cosas supieran a lo que eran y no a inventos diferentes. No era partidario de la cocina espectáculo, con elementos químicos que no hay en la cocina de casa.
Ha escrito libros, como "La cocina de Santi Santamaría, la ética del gusto", "El mundo culinario de Santi Santamaría. El gusto de la diversidad", "La cocina es bella", "El restaurante", "La cocina al desnudo", "101 recetas para casa" y "El gusto por la salud".
Tuvo una agria polémica con Ferran Adriá, por no gustarle el uso de gelificantes ni emulsionantes de laboratorio, pero supongo que era algo ya olvidado, porque al primero que le gustan dos huevos fritos con patatas es a Adriá.
Era un hombre culto, amable, que disfrutaba con su trabajo. Se ha ido demasiado pronto.
Sit tibi terra levis.
OPERACIÓN MATSA
En MATSA trabajaba la hija de Chaves, Paula, como apoderada, empresa que recibió 10,1 millones de euros concedidos a fondo perdido por la Junta de Andalucía para la construcción de una planta de tratamiento minera en los yacimientos de Almonaster La Real, Huelva; es decir, millones concedidos por su padre como Presidente de la Junta, cuando debería haberse inhibido dadas las circunstancias. Y además el Gobierno había rechazado anteriormente concederlos.
Pero es que encima, ahora hemos sabido que Carlos Solchaga, aquél que fue ministro y que acabó renunciando a su cargo como presidente del grupo parlamentario socialista debido al escándalo Ibercorp que arrastró también a Mariano Rubio, actuó como mediador a través de su empresa, Solchaga y Recio Asociados, mediación por la que cobró a Matsa 461.100 euros. Aquí, todos los socialistas a lo que pillan.
JUNTA DE ANDALUCÍA Y SINDICATOS ¡MENUDA TROPA!
Sus actuaciones son claramente delictivas, sin paliativos de ninguna clase.
Publica hoy ABC, que para las prejubilaciones de Minas de Riotinto, alteraron de tal manera las vidas laborales de los mineros, que la empresa se negó a firmar el acuerdo porque era todo un puro embuste.
El expediente de extinción de contratos tramitado por la Junta de Andalucía en 2003 a la empresa Minas de Riotinto, con José Antonio Viera de Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, falseó la vida laboral de todos los trabajadores para mejorar las cantidades que les correspondía a cada uno. El expediente fue acordado por los sindicatos y la Consejería, ya que la empresa, espantada por semejantes trapacerías, se negó a firmar el acuerdo.
Así que entre sindicatos y Consejería certificaron que todo el personal afectado, que eran más de 400 trabajadores, había trabajado en la mina el tiempo suficiente para alcanzar el coeficiente exigido y se certificó expresamente que numeroso personal había estado asignado a los puestos más insalubres, porque son los que aportan más beneficios a la hora de calcular las asignaciones económicas que les corresponden.
Minas de Riotinto estaba en suspensión de pagos desde 1998, era una empresa configurada como sociedad laboral en la que los trabajadores eran accionistas principales. Pese a recibir ayudas públicas como un crédito de 9 millones de euros del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) y otro de 6 millones de euros del ICO (Instituto de Crédito Oficial), la sociedad, controlada por las centrales sindicales, no fue capaz de levantar la empresa y se vio obligada a venderla en septiembre de 2001 por un euro a un grupo de profesionales que intentaron reflotar el negocio, ante la posible mejora de los precios del cobre.
Tras diversos problemas con los sindicatos, la empresa solicitó un expediente de extinción de contratos que fue rechazado por la Junta de Andalucía, que en cambio aceptó encantada el presentado por la representación sindical de la empresa.
La diferencia entre ambos expedientes era que uno, el de la empresa, reflejaba la vida laboral real de los trabajadores y el otro, el de los sindicatos, era una vida laboral de fantasía.
Para facilitar la extinción de contratos se recurrió a un expediente de jubilación con edades compensadas, aplicando los coeficientes reductores previstos en el estatuto del minero, en los 50 años y edades naturales en torno a los 42 años.
Pero como ni aún aplicando los estatutos del minero se alcanzaban los objetivos que pretendían los sindicatos, ya que la mayoría de los trabajadores nunca había trabajado en la minería subterránea (cerrada desde 1987), que era la más beneficiosa a efectos del cálculo de la prejubiliación, sino a cielo abierto. Y hasta 1987 sólo trabajaba bajo tierra el 20% de la plantilla y gran parte de ella ya se había beneficiado de anteriores expedientes de prejubilaciónes, como el de 1988, decidieron cambiar la realidad.
En 2003 la mayoría de la plantilla ni había trabajado en la minería subterránea ni tenía más de tres años adicionales de edad compensada al aplicar el estatuto del minero. Es decir un trabajador con 42 años reales, no superaba los 45 compensados. Esto hacía imposible un plan de prejubilaciones multitudinario como exigían los sindicatos y había aprobado la Junta.
Así que ni cortos ni perezosos, empezaron por dar por abierta la mina subterránea, cerrada en 1987, hasta septiembre de 2001, así, del tirón, porque en esa fecha entraron los nuevos accionistas, a pesar de que desde 1987, según consta en los registros de la propia empresa y de la autoridad minera, allí sólo entraba un equipo de mantenimiento de 21 personas.
A continuación certificaron que todo el personal, los de mina a cielo abierto, administrativos y los de la planta de tratamiento, llevase el tiempo que llevase, había trabajado en la mina el tiempo necesario para alcanzar el coeficiente deseado. Y además, que la mayoría había trabajado en los puestos más insalubres, porque son los que aportan mayor coeficiente reductor para el cálculo de la prejubilación. Así, salió algo tan kafkiano como que había 80 personas trabajando de jumbistas habiendo solamente tres jumbos (máquina utilizada para la perforación de barrenos).
Con esto lograron que personas de 42 años que no habían bajado a la mina subterránea en su vida, alcanzaran reducciones de 10 años, gracias a la aplicación de coeficientes reductores falsos del 50% a toda su vida laboral. Incluyendo incluso al personal de oficinas.
Los mayores de 55 años, con estas manipulaciones, se jubilaron con edades compensadas superiores a los 65 años. Y los mayores de 42 años, se jubilaron con el 90% del salario neto, al haber alcanzado una edad compensada por encima de los 52 años.
Aunque la empresa, asustada por tantos embustes, se negó a firmar el expediente, éste se tramitó igualmente y se ejecutó. Este proceso costó a la Administración Pública 120 millones de euros de nuestros bolsillos.
Sin embargo, en opinión de la empresa hubieran sido necesarios solamente seis millones de euros de crédito puente para garantizar la supervivencia de la empresa, porque en septiembre de 2003 los precios del cobre comenzaron a subir y muy pronto se situaron por encima del coste operativo y al día de hoy, roban cobre constantemente en lugares públicos debidos a sus altos precios.
Pero ya sabemos que los expedientes de regulaciones de empleo y de prejubilaciones dejan verdaderas fortunas a los sindicatos, así que les convienen mucho más que la viabilidad de la empresa.
Por todo este tipo de engaños, estafas y corruptelas es por lo que a pesar de todo el dinero que se ha recibido de Bruselas a lo largo de los últimos años no ha servido para crear un tejido industrial en Andalucía sino que se ha dilapidado y después de tantos años de gobierno socialista estamos peor que en la época de Franco.
BLESA PAGÓ CASI CINCO MILLONES A UN DIRECTIVO
El ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, despidió al secretario general del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, que había llegado a la Caja con él en 1996, en julio de 2009, cuando ya sabía que tendría que ceder el puesto a Rodrigo Rato.
En aquél momento se dijo que Enrique de la Torre se jubilaba, tenía 63 años y llevaba 13 en la Caja. Hasta hoy no se ha sabido que aquella jubilación costó a Caja Madrid, 4,77 millones de euros, incluyendo indemnizaciones por cese, bonus, incentivos a largo plazo y prestaciones post empleo.
El hombre que fue la mano derecha de Miguel Blesa, recibió ese dinero sin que la entidad financiera lo comunicara en su momento, salvo como un gasto en la Memoria de Caja Madrid del ejercicio 2009, sin desvelar la identidad del destinatario.
Fue un pacto entre Blesa y De la Torre, cuando ya estaba claro que Blesa tenía que salir de la Caja.
CASO FAISÁN, EL INSPECTOR BALLESTEROS
El equipo de Carlos Germán aporta ahora al Juez Ruz, cinco años después de los sucesos del bar Faisán y de venirlo negando por activa y por pasiva, unas nuevas imágenes sin cortes en las que se puede apreciar la salida del inspector Ballesteros del bar Faisán en el momento en que se calcula se produjo el presunto chivatazo.
En esos momentos dicho inspector estaba destinado en Vitoria y era el hombre de confianza de Enrique Pamiés, jefe superior de Policía del País Vasco.
Después de mucho reclamarlas el juez, Carlos Germán ha decidido entregar dichas imágenes.
Ahora a Rubalcaba sólo le queda el recurso de recurrir a la Fiscalía para que paralice a la acusación popular, porque se han quedado con el culo al aire, pero estos no paran de intrigar ni con la soga al cuello y seguirán intentando parar el proceso.
UN ESTADO EN RUINAS
Es increíble que un Estado que está en la más completa ruina proyecte reestructurar el sistema financiero, es decir las cajas, despidiendo gente, unos 15.000 tienen ya previstos, en su mayoría a base de prejubilaciones (y eso que han aumentado la edad de jubilación) que saldrán a 100.000 euros por persona de media, para lo cual deberán gastar más de 1.500 millones de euros. Que saldrán, como es costumbre de nuestros sufridos bolsillos.
Para ello, y para no perder la costumbre, lo están llevando a cabo mediante Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que es en España la panacea universal para que los empleados cobren y callen y los sindicatos se enriquezcan.
El Servicio Público de Empleo pagará las prestaciones sociales de todos esos empleados durante dos años, así como las prestaciones económicas derivadas de su situación de inactividad. Casi el 90% de las bajas serán prejubilaciones con 55 años y deberán cobrar hasta los 65 en que pasen a ser jubilados.
Es decir, que al mismo tiempo que Gobierno, CEOE y Sindicatos impulsan la reforma laboral, retrasando la edad de jubilación, el sector de las cajas va a prescindir del 11,3% de sus empleados por la vía de las prejubilaciones.
Cada empleado cobrará el 95% de su salario neto hasta que llegue a los 65 años, o sea, 10 años cobrando sin trabajar, por cuenta de todos los ciudadanos y avalados por un Estado en ruinas que no sabe ya como refinanciar tanta deuda acumulada.
Y estando tan mal las Cajas, alguien debería explicar cómo es posible que en los primeros nueve meses de 2010, obtuvieran 3.694 millones de euros de beneficios. Si quieren sanear la plantilla, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que lo paguen de sus beneficios.
Los 1.500 millones que le van a costar al Estado estos expedientes de Regulación de Empleo, son apenas el 30% del total por el que va a salir la reestructuración del sector, que no bajará de los 5.000 millones, incluyendo el cierre de algunas oficinas.
El Banco Financiero y de Ahorro ( Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas más) se desprenderán de 4.000 empleados y cerrarán 500 oficinas. El Banco Base (CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria), prejubilarán a 2.200 empleados, el doble que la fusión de las cajas gallegas o las castellanas.
Pero todo ese dinero no será el único que el Estado tenga que gastar, porque el FROB, Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, lleva ya inyectados 11.167 millones de euros a ocho procesos de integración de cajas y 1.200 millones más están ya preparados para aquellas entidades que en 2010 no superaron las pruebas de "estrés".
Y cuando estén todas saneadas a costa de nuestro dinero, las venderán por cuatro euros a sus amigos como ya ocurrió con el caso Rumasa, cuando vendieron Galerías Preciados al venezolano Grupo Cisneros, próximo a González y Boyer, por el precio simbólico de una peseta.
Lo de Egipto no es nada para lo que debería levantarse aquí.
EL SÍNDROME PSOE
El proceso morboso que llevan desarrollando es ya de tal calibre que ni ellos mismos son conscientes, es un síndrome que afecta a las neuronas, pero también a la moral y la honradez.
El PSOE va a nombrar diputado andaluz en las próximas horas nada menos que a Ramón Díaz Alcaraz, ex secretario de la federación del metal de UGT (cómo no iba a salir a relucir UGT) y uno de los presuntos cerebros de la trama de las prejubilaciones falsas que colaban de rondón en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Ramón Díaz fue estrecho colaborador de Francisco Javier Guerrero, el que ha confesado a la policía la existencia del "fondo de reptiles" de 700 millones de euros para los ERE de las empresas andaluzas.
Su despacho estaba junto al de Guerrero y por su mesa pasaban todos los Expedientes de Regulación de Empleo, precisamente era él mismo quien componía todas las listas y, por consiguiente, quien metía de matute a los que nunca habían trabajado en esas empresas.
Por ejemplo, fue él quien firmó el cierre de Delphi en febrero de 2007, dejando en la calle a 1.800 empleados; Delphi es la empresa gaditana a la que el Gobierno prometió el oro y el moro, 3.000 nuevos empleos e inversiones de 90 millones de euros en la zona, que tiene una tasa de desempleo del 30%. La misma empresa con la que se han forrado a base de inventar cursos de formación y después de tantos años, el 35 por ciento de los trabajadores de Delphi, sigue desempleado.
Actualmente, Diáz Alcaraz trabaja en la dirección de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Sevilla y va a entrar en el Parlamento sustituyendo a Evangelina Naranjo, ex consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
Aquí el que traga y pasa por lo que le indiquen, tiene premio y tiene precio, el premio es hacerlo diputado, el precio es su propia dignidad.
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