CÁRNICAS MOLINA

CÁRNICAS MOLINA

La familia Molina, dueña del grupo cárnico que se codeó en los años ochenta con lo más granado del sector en España, pide ahora, a la vista de lo que se está descubriendo con los ERE, que se analicen los Expedientes de Regulación de Empleo aprobados por la Junta de Andalucía cuando el Instituto de Fomento de Andalucía se hizo cargo de Cárnicas Molina.

Su abogado, Javier Pereda, ante los casos de corrupción que están saliendo a la luz, derivados de los expedientes aprobados en empresas públicas, cree empezar a entender muchas cosas.

Hijos de Andrés Molina, llegó a tener 1.200 trabajadores y a facturar 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros) antes de caer en manos de la Junta de Andalucía, a la que se les ocurrió acudir a pedir ayuda financiera un mal día de 1993.

Acceder a que la Junta ayudara a la empresa supuso un verdadero calvario de pleitos y problemas que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, comienzan a entender.

La Junta de Andalucía impuso como única solución para ayudar a la empresa un contrato de cesión gratuita de acciones a favor del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), para que la Junta "reflotara la compañía", explica Pereda, y añade que nunca se hubiera llegado a la "expropiación" de la propiedad privada accionarial de una empresa de no ser por el comportamiento de los sindicatos, que les montaron una verdadera guerra civil en connivencia con el consejero delegado, manifestaciones, concentraciones ante los domicilios privados de los propietarios, amenazas, paralizaron la actividad de la ciudad y el tráfico, todo valía para coaccionarles para que se fueran de una empresa que era suya y dejaran en manos de la Junta la propiedad de las acciones. 

La Junta de Andalucía pagó a los propietarios una peseta por las nueve plantas de Cárnicas Molina en 1995.

Ante el ambiente de crispación que lograron crear los sindicatos, impulsados y ayudados por altos cargos de la Junta, alentados por el cuadrúpedo Gaspar Zarrías (el que vota con pies y manos), y los delegados de la Junta en Jaen, se llegó hasta a prohibir la entrada en la empresa a los propietarios, que no lograban acceder a sus despachos, recuerda Javier Pereda.

Esta actitud impropia de un Estado de Derecho, perfectamente orquestada y de común acuerdo entre sindicatos y Junta, acabó derribando a los legítimos propietarios de Cárnicas Molina.

Se quedaron con la empresa, inyectaron ayudas de hasta 10.000 millones de pesetas, que al final, además de no servir para nada, fueron declaradas ilegales por la Unión Europea por ir contra la competencia del sector y suponer la disolución y liquidación de lo que había sido una empresa pionera y legendaria en Jaén.

Naturalmente, como siempre les ocurre, ni sindicatos ni Junta tenían la menor idea de cómo gestionar la empresa, y todo se fue al traste (o al bolsillo de algunos). Presentaron un expediente de suspensión de pagos y lo de siempre, bajas incentivadas, prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo, lo que de verdad se les da bien a ellos. Precisamente en ese ERE fue la primera vez que coincidieron Lanzas (de UGT) y Guerrero.

Y solamente entonces, ya satisfechos, dejaron de volcar los coches de los propietarios y sus abogados, pegar fuego a los edificios, apedrear las edificaciones, romper cristales y manifestarse ante los domicilios particulares de la familia Molina.

Después la vendieron a Campofrío, estos a otros y fue rodando, rodando, hasta desaparecer del mapa como negocio inviable.

¿En semejantes circunstancias, alguien cree que los empresarios pueden desear venir a invertir en Andalucía? Juzguen ustedes mismos.