LA PUNTA DEL ICEBERG

LA PUNTA DEL ICEBERG

De un iceberg sobresale del agua sólo una octava parte de su volumen total y bajo una punta aparentemente pequeña pueden hallarse masas de dimensiones enormes.

Viene esto a cuento de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en los Juzgados de Sevilla, contra la exdirectora general de Salud y Seguridad Laboral de la Junta de Andalucía, Esther Azorit Jiménez y contra el secretario de Organización y Finanzas de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero, a los que acusa de sendos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en relación a las irregularidades halladas en dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros concedidas al sindicato.

La Fiscalía pide que se incoen diligencias previas y se les tome a ambos declaración como imputados y se realice prueba pericial a fin de conocer el presunto menoscabo de los fondos públicos producido en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía al sindicato.

La primera de estas ayudas fue concedida el 22 de mayo de 2009 por el entonces Consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, para que el sindicato desarrollara un plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales a ejecular entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2009.

Y aunque en un documento electrónico, Esther Azorit afirma que de los "justificantes verificables relativos a los gastos realizados por el beneficiario, resulta acreditada que la subvención ha sido aplicada parcialmente a  la finalidad para la que se concedió", de las comprobaciones iniciales efectuadas por la Policía Judicial, lo que se deduce es que de la suma total de los "gastos justificados", salvo error u omisión involuntaria, que asciende a 609.106, 09 euros, en la documentación remitida por CCOO, lo que se justifica es un gasto de 34.553,75 euros con cargo a una manifestación celebrada el 22 de abril de 2009, partida dentro de la cual incluye además una factura por la actuación de la charanga "Los Piratas", otra correspondiente a 194 comidas y una tercera parte para el transporte en autobus desde diferentes localidades de Andalucía al lugar de la manifestación. Estos gastos nunca hubieran debidos aceptarse a cargo de fondos públicos, pero insisto, estos son los gastos que justifican con facturas, ¿para que sería el resto del dinero?.

Tambien justificaron gastos para ese mismo día 22 de abril para la celebración en el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) del "Encuentro de Salud Laboral 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo", aunque ese día no consta en Fibes el desarrollo de actividad alguna en materia de seguridad laboral.

La segunda ayuda, la de 400.00 euros, fue solicitada por CCOO el 9 de junio de 2009 para la financiación pública del "Programa de mejora de las condiciones de trabajo en la comunidad andaluza para el año 2009". El 14 de julio de 2010, Esther Azorit firmó un documento afirmando que "resultaba acreditado que la subvención había sido aplicada para la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento así como el correspondiente gasto de la actividad subvencionada".

Pero en las comprobaciones iniciales realizadas por la Policía Judicial se pone de manifiesto que entre los "gastos justificados" se adjuntan dietas y facturas correspondientes a  "desplazamientos, alojamientos y comidas" por importe de 26.927,96 euros, por ejemplo, en el concepto de "coordinación de actividades" se incluyen viajes desde Sevilla a Málaga, con salida el viernes y vuelta el lunes. Total, que se pasaban los fines de semana veraniegos a costa del dinero público.

Si la integridad y rectitud de comportamiento, la probidad y honradez debe ser siempre exigible en las personas en general y en las que ocupan cargos públicos muy en particular, en época como esta de crisis en las que tantas familias están pasando verdadera hambre lo es mucho más.

No podemos permitir que con dinero público se paguen charangas y comilonas, los sindicatos deben financiarse ellos solitos a través de sus asociados; no tiene sentido que si una persona no desea pertenecer a un sindicato se vea no obstante obligada a subvencionarlo, y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad.

¿Para cuando una manifestación ciudadana contra los sindicatos?