OPERACIÓN HERACLES

OPERACIÓN HERACLES

La operación Heracles demuestra que los ERE ha sido un gran negocio con las "sobrecomisiones" vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. Hasta ahora se concentraba la investigación en las irregularidades que se han producido en la concesión de ayudas sin atenerse a ningún procedimiento legal, pero ahora se descubre que el "negocio jugoso" estaba en las "sobrecomisiones".

La juez Alaya dice que las ayudas se otorgaban a personas que no tenían derecho a ellas, en realidad se otorgaban a los amiguetes o compañeros de la misma cuerda ideológica, pero cuanto más ayudas otorgaban, más negocio hacían con las comisiones sobrevenidas, con lo que el enriquecimiento ilícito era doble.

Según la juez Mercedes Alaya el negocio de los ERE era un "negocio bilateral en el que los directivos de las aseguradoras, previo ofrecimiento de dádivas al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, se garantizaban que se obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".

La distracción de fondos públicos era un proceso continuado por el que de un lado la Junta concedía las subvenciones y por otro, las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial se repartían jugosas comisiones. Así, Vitalia, ordenó el pago a UGT y CCOO de, al menos 4.291.384 euros. Y también fue Vitalia la que incrustó a Juan Lanzas en varias pólizas, así como a su mujer y a su cuñado, Ismael Sierra. Las consultoras se llevaban unas comisiones del 20%, cuando lo habitual en el mercado era de un 3%.

Ahora hemos sabido que la Cámara de Cuentas mutiló el informe original de los ERE para que no afectaran a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, los auditores llegaron a hablar de posibles responsabilidades penales, pero esto lo pasaron con el mayor desahogo a "posibles responsabilidades contables y administrativas".

La afición del PSOE a la mentira y la tergiversación es de tal calibre que anuncian ahora a bombo y platillo una Ley de expropiaciones de viviendas para evitar los desahucios, cuando el pasado 22 de febrero en el boletín oficial de la Junta de Andalucía se publicaban medidas para acelerar los desahucios. Sí, han leído bien, para acelerar los desahucios. Y dicho sea de paso deben de rentas sociales más que pesan.

Y la consejera Elena Cortés, de IU, cuando cobraba de Caja Sur como miembro de la Asamblea General, permitió que se ejecutaran 3.000 desahucios sin inmutarse y ahora se apunta al carro de los anti-desahucios.