LOS ERE DE NUNCA ACABAR

LOS ERE DE NUNCA ACABAR

Más de 24 horas se ha llevado en su despacho la juez Alaya, sin descansar,  para adelantar el caso de los ERE fraudulentos.

Este fraude proviene, como ya hemos explicado de la partida 31L, también llamada Fondo de Reptiles, donde entraba dinero público que se usaba después a discreción sin el menor control.

Y fue el propio Manuel Chaves, en ese momento presidente de la Junta de Andalucía, el que se encargó de que todas esas subvenciones para empresas y trabajadores se otorgaran eludiendo los protocolos ordinarios a los que obliga la ley. A este fin, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el ex consejero Antonio Fernández, que en ese momento era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron el 17 de julio de 2001 un convenio para darle trazas y apariencia de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica suponía saltarse todos los controles y protocolos formales.

José Antonio Griñán invalidó dicho convenio dos años después de que saltara el escándalo, sin embargo sigue sosteniendo a día de hoy que el procedimiento era legal, y eso a pesar de que el interventor de la Junta, Manuel Gómez,  les había advertido en numerosas ocasiones, desde cinco años antes de que estallara el escándalo, de las irregularidades que se estaban amparando con dicho convenio. El interventor realizó diversos informes que remitió, entre otros al entonces consejero de Hacienda, precisamente José Antonio Griñán. Manuel Gómez afirma que "el procedimiento violentó los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que debe presidir las actuaciones de la Administración".  Pero no le hicieron el más mínimo caso.


La juez Alaya dice que las ayudas se otorgaron "escandalosamente a personas que no tenían derecho a ellas". Y es que la operación Heracles, que ha dado lugar a las últimas detenciones, deja claro "el sistema perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio". Así mientras más ayudas otorgaban, más comisiones y sobrecomisiones sacaban todos ellos, la Consejería de Empleo, los intermediarios, las consultoras, los despachos de abogados y todos los que intervenían en los procesos de reestructuración empresarial, incluidos, por supuesto CCOO y UGT.

La trama llegó al punto de buscar afanosamente empresas que pudieran presentar en situación de crisis para seguir engordando sus propios bolsillos. Alaya cree que Vitalia ordenó, por lo menos, el pago de 4.291.384 millones de euros a UGT y CCOO. Se permitió también que las consultoras cobraran comisiones de el 20% o más, cuando la media del mercado no pasa del 3%. Así Uniter cobró siete millones de euros como comisión en el expediente de Delphi, en Cádiz y Vitalia cobro 1,4 millones por el expediente de Dhul. A su vez, estas consultoras pagaban comisiones a los altos cargos, por ejemplo, Guerrero cobró 249.000 euros en 94 transferencias a su cuenta, ninguna superior a 3.000 euros para no despertar sospechas, y 87.400 euros en 76 transferencias a una cuenta de su esposa. Además también recibía dinero en sobres, que su chofer, Juan Francisco Trujillo, también imputado, recogía en Madrid, de manos de Albarracín, que era entonces director comercial de Vitalia, hoy encarcelado. Guerrero llegó a comprar cuatro inmuebles, tres de ellos al contado, sin hipoteca.

A Juan Lanzas, enviado a la cárcel ayer por la juez Alaya, lo metieron en varias pólizas, así como a su mujer, Patrocinio Sierra y a su cuñado, Ismael Sierra, ambos detenidos también. Se cree que Lanzas puede haber recibido 5,8 millones de euros.

José González Mata, dueño de la consultora Uniter, entregó dos cheques de 75.000 y 25.000 euros, en cuyos asientos figura "J.Guerrero", que fueron cobrados por la empresa Andalucine, cuya administradora es Beatriz Pérez, hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Pilar Pérez. González Mata ha reconocido ante la juez que entregó los dos cheques a petición expresa de Guerrero.

También el bufete Estudios Jurídicos Villasís, ahora investigado, que recibía los ingresos de Uniter, transfería cantidades a las empresas vinculadas a Guerrero y familia.

Vitalia, consultora controlada por el empresario catalán Eduardo Pascual, detenido también ahora, tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional, de un lado la caída de Eurobank y de otro la quiebra, que se sospecha fraudulenta, de la mutua Fortia Vida, a la que la Junta de Andalucía adjudicó sin concurso la financiación de prejubilaciones por un valor de 109 millones de euros. Precisamente Fortia Vida está además siendo investigada por presunto desvío de dinero a paraísos fiscales, por ejemplo la República Dominicana, donde participó en un proyecto hotelero vinculado a Jesús Barderas, amigo de Felipe González y antiguo socio del fallecido Enrique Sarasola.

Como pueden ver estos son los ERE de nunca acabar y aún queda mucho por salir a la luz.