EL EX SINDICALISTA Y CONSEGUIDOR LANZAS

EL EX SINDICALISTA Y CONSEGUIDOR LANZAS

Poco a poco y con gran tesón va perfilando la juez Alaya el mapa de los ERE y poniendo a cada uno en su sitio.

El cabecilla de la trama fraudulenta, Juan Lanzas, según el auto de la juez, metió hasta 25 intrusos, la mayoría del PSOE, sindicalistas como él o familiares, llegó a tener 16 casas y 13 millones de euros, desde el año 2000.

De esas 16 casas que adquirió, 11 las puso a su nombre, cuatro a nombre de una de sus empresas pantalla, Maginae Solutions, y un apartamento en la playa a nombre de sus padres.

A través de las sociedades pantalla y los testaferros que en ellas situaba, tejió un entramado para percibir ingresos públicos mediante la continua emisión de facturas falsas por servicios nunca prestados. A esto le ayudaba el directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, también encarcelado, y las gestionaba el Bufete Villasís estudio.

De los 25 intrusos que metió de tapadillo en los ERE sin que jamás hubieran trabajado en las empresas en las que fueron apuntados, puso a las esposas de cuatro sindicalistas amigotes, su propia mujer y dos cuñados, para que todo quedara en casa. Metió tres más por ser de la misma cuerda política, además de la suegra del ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta, que ha sido también encarcelado por segunda vez, y a la mujer de su chófer.

También se incluyó a sí mismo y a su esposa, total ya puestos, en el ERE de Hitemasa, sacando más de 600.000 euros, en ese mismo ERE incluyó a las esposas de Rafael Mesa y Javier García de los Reyes, ambos de UGT y con los que Lanzas había coincidido en el expediente de extinción de empleo de Hijos de Andrés Molina, lo que permitió a cada una de ellas cobrar 96.000 euros ; en otros dos expedientes incluyó a dos vecinos suyos de Albanchez de Mágina, Jaén y al ex dirigente del PSOE de Baeza, Jaén, Antonio Garrido Santoyo, lo incluyó en el ERE de Mercasevilla, por ser socialista.

Según la juez Alaya, él se encargaba al completo de estos asuntos, porque trabajaba en el bufete Villasís, que tramitaba los ERE, y habiendo sido dirigente sindicalista de UGT desde 1979 a 2002, se había hecho íntimo tanto de Guerrero como de Antonio Rivas,  ex delegado de la consejería de Empleo, que era el que autorizaba los expedientes.

En el expediente de regulación de empleo de Dhul, metió a la esposa de Damián Jiménez, de CCOO, que nunca había trabajado allí, y en el expediente de Surcolor metió a Manuel López, marido de una concejal del PSOE de Camas, Sevilla y a José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas, que era como hemos dicho el que autorizaba los expedientes.

También introdujo a Juana Pilar Viedma, administradora de la empresa Técnica Agrícola Ecológica, y a la compañera de su padre "como agradecimiento" por hacer contratos simulados a parte de los trabajadores del matadero de Fuente Obejuna que no podían acceder al convenio especial con la Seguridad Social, así que los montaron a todos en un autobús y los llevaron a la empresa para hacerles contratos simulados.

También metió a Florencia Romero, esposa del presidente de la Asociación de Trabajadores, para que no fuera menos que las esposas de los otros sindicalistas.

La juez acusa al conseguidor Lanzas de prevaricación malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Total, el código penal para él solo, pero la Junta de Andalucía, según Griñán, no sabía nada. 

Y si la corrupción debe ser punible, la estulticia del que dice que "no se ha enterado de nada", no debe ser menos.