VUELTA DE TUERCA A LOS ERE FRAUDULENTOS

VUELTA DE TUERCA A LOS ERE FRAUDULENTOS

La ya repuesta juez Mercedes Alaya ha vuelto llena de fuerza y ha ordenado esta madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del "conseguidor" y ex sindicalista de UGT, Juan Lanzas, y del ex directivo de la aseguradora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, y ha dejado en cambio en libertad con cargos al ex subdirector general de Mercasevilla, Daniel Ponce, uno de los protagonistas de las grabaciones de que hablaremos más abajo, todo dentro de las nuevas investigaciones sobre el supuesto cobro de comisiones exageradas por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, que a su vez daban luego comisiones a ciertos cargos públicos, a cambio de omitir licitaciones públicas para la designación de las mediadoras.

Hay que recordar, para quien tenga flaca memoria o esté poco enterado, que esto viene de lejos, tenemos que remontarnos al año 2009 cuando a unos empresarios de hostelería se le pidieron unas comisiones de 450.000 euros por parte de unos directivos de Mercasevilla, los empresarios, muy sorprendidos, grabaron las conversaciones; en las cintas puede oírse como preguntan el por qué de esas comisiones y la contestación es "da igual que sea para carteles para Felipe o para los niños saharauis, la Junta  de Andalucía las pide y punto."

Naturalmente los empresarios se quedaron de una pieza y una tarde, en el palco de autoridades del estadio del Betis, comentaron el caso con un alto cargo de la Junta de Andalucía, que no les creyó y les pidió una copia de las cintas.

Los empresarios buscaron un abogado y pusieron una denuncia en el juzgado.

Mientras, en la Junta se asustaron al tener conocimiento de que existían las cintas acusatorias, y hablaron con la Fiscalía, atención, no pusieron una denuncia en el juzgado, que te puede tocar cualquier juez, sino que lo comentaron a la Fiscalía, que le era afín, y en efecto, no hicieron nada. Aunque esto les sirve para decir a todas horas que ellos denunciaron, oigan, no, quiénes denunciaron de verdad fueron los empresarios afectados.

Dicen que por el hilo se saca el ovillo, y tirando de aquel hilo apareció todo el escándalo de los ERES, el fondo de reptiles y la biblia en pasta.

Y han hecho de todo para apartar a la Juez Alaya, tanto que ha estado de baja varios meses, hasta llegaron a inventarle unas relaciones amorosas con el alcalde de Sevilla, han tratado de sacar cosas sobre su marido, llegaron a tener que apercibirlos de desacato para que cesaran en sus diatribas; pero la juez ha vuelto y debe estar como una rosa, porque se pasa las noches en su despacho trabajando e interrogando a los imputados.

A pesar de que la Junta sigue sin aportar la documentación que se le solicita, ni por supuesto han intentado en ningún momento que se devuelva el dinero tan indebidamente cobrado por aquellos a los que no les correspondía.

Por cierto, durante un tiempo el presidente de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía fue un sobrino de Felipe González.

Con las nuevas investigaciones han descubierto 82.000 euros de los ERE, en billetes de 500, en el colchón de una cama del conseguidor Lanzas, en la casa de sus padres, en Jaén; estos guardan los billetes como su abuela, en el colchón, porque el calcetín se les quedaba pequeño. Lanza ha cobrado 5,8 millones de euros en comisiones que aún no han aflorado, hallándose los billetes en paradero desconocido.

Se trata del mayor escándalo de corrupción de la historia de España, porque proviene del mismo gobierno de Andalucía, que destinó 1.400 millones de euros de dinero público a ese ya famoso " fondo de reptiles" que lo mismo podía servir para que Guerrero, ex director general de Empleo, también ingresado nuevamente en prisión, concediera subvenciones de forma arbitraria a quien le parecía, como para meter en expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis a amigos del partido que no habían trabajado en su vida, como para comprar cocaína o irse de whiskerías, ya me entienden. Todo se ocultó al interventor, la partida presupuestaria 31L era exclusiva y presuntamente para estos hechos de carácter delictivo.

Así podemos ver que se pagaron más de 68 millones de euros en comisiones a las compañías aseguradoras que llevaban las prejubilaciones. Hasta hubo un caso, el de J.A. Rivera Martín, que se acogió al ERE el mismo día que firmó el contrato de trabajo.

Todo era presuntamente una verdadera trama para delinquir y meter de tapadillo en los ERE, con sus correspondientes pagas, a altos dirigentes del PSOE y sus familiares, estafando así a todos los andaluces, porque todo se hacía con dinero público, en la creencia seguramente de que como decía Carmen Calvo "el dinero público no es de nadie" y no siendo de nadie podía pasar a ser de ellos.


Recordemos también que por aquellas fechas era presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y consejero de Hacienda José Antonio Griñán, ¿alguien puede creer que todo esto sucediera a sus espaldas?