EL MISTERIOSO CAMBIO DE SEMANA SANTA

EL MISTERIOSO CAMBIO DE SEMANA SANTA

Este martes, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará una vista a las 17:00 horas para estudiar si este tribunal es o no competente para juzgar el caso del famoso chivatazo a ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

El tribunal contará con 15 magistrados, todos los que componen la Sala de lo Penal menos el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara y los jueces Guillermo Polanco y Clara Bayarri, que prefirieron apartarse de la causa para no quedar contaminados, ya que deberían juzgar los hechos en una posible vista oral.

Durante la vista, que se celebrará a puerta cerrada, las defensas de los tres procesados (el ex director de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros) expondrán los argumentos que han planteado en los recursos contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio (los procesados amenazan con "tirar de la manta" y apuntar hacia sus superiores si el procedimiento no pasa a un juzgado de Irún, que les sería más favorable, lo cual debería conllevar penas superiores, por omisión de datos).

El tribunal deberá decidir si los acusados han cometido delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento (penados con hasta 10 años de cárcel) y revelación de secretos (tres años de cárcel).

Pero en caso de que consideren que sólo se trata de revelación de secretos, el juez Ruz, que hasta ahora ha llevado la causa que había "dormido" en un cajón el juez Garzón, se vería obligado a inhibirse en favor de un juzgado de Irún, donde ocurrieron los hechos. Esto último es lo que desea el Gobierno para salir de las manos del juez Ruz, que ha demostrado ser un buen juez y muy tenaz. Por eso la tesis del fiscal, Carlos Bautista, insiste en que no hay colaboración con organización terrorista porque según la Fiscalía eso exigiría "afinidad ideológica" y eso no existe. La cuestión es que hace sólo un año, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, escribió un artículo en el libro "Comentarios al Código Penal" de la editorial Lex Nova, donde defendía que "para acusar a alguien de colaboración con banda armada, no es necesario que el imputado comparta los fines políticos o ideológicos de la organización". Y ahora opina justo lo contrario. Aquí las opiniones, según convenga en cada ocasión.


Pero los hechos reales acaecidos son tozudos y ponen de manifiesto a las claras que con el chivatazo no solamente se torpedeó una operación para detener a miembros de la organización terrorista ETA, sino que se les facilitó seguir extorsionando y realizando sus "operaciones habituales", comulgaran o no los acusados con su ideología.

El tribunal que debe decidir sobre estos hechos está presidido por el famoso juez Javier Gómez Bermúdez. Este juez decidió el pasado 26 de julio que dada la complejidad jurídica del asunto era "mejor" quitárselo al juez Ruz y elevar al Pleno el estudio de los recursos presentados por las Defensas. Para las asociaciones de víctimas del terrorismo todo esto son maniobras para que Rubalcaba y Camacho queden libres y sus subordinados mudos.

Mientras tanto, la Policía ha denunciado que la grabación original que recogía la conversación entre el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa y su yerno, ha sido destruida. Como lo leen, el ordenador donde se encontraba la grabación original, un ordenador de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), marca DELL LATITUDE D800, con número de serie 8Y210A04, fue destruido en el año 2009. Hay que tener en cuenta que todo el proceso gira en torno a esa grabación, prueba del chivatazo. Aquí se destruye todo lo que apunta a alguien, ya ven, como los trenes de Atocha, así los crímenes quedan impunes.

El juez Gómez Bermúdez, para situarnos, presidió el  tribunal que juzgó el 11-M, la vista por las falsas identificaciones del Yak-42, y permitió, al no actuar con la suficiente diligencia, la huída del etarra Antonio Troitiño.

La esposa de Gómez Bermúdez, Elisa Beni, escribió un libro sobre las conversaciones de alcoba que sostenía con el juez sobre el 11-M, que en ese momento juzgaba, comentando con ella, según escribe, lo que hablaban otros miembros del tribunal, con clara deslealtad personal y profesional como dijo su compañero, el juez Alfonso Guevara. Y lo que es peor, lo publicó antes de la sentencia. Este libro le costó a Beni ser destituida como jefa de prensa del Tribunal Superior de Madrid. Su catadura moral la define el hecho de que su máxima preocupación de snob sea perder alguna vez su estatus social que "le permite subir en el ascensor junto a las máximas autoridades". Los ascensoristas ya lo hacen todos los días, pero se ve que su inteligencia no ha reparado en ese detalle.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo desearían saber qué pasó para que el juez Gómez Bermúdez cambiara radicalmente de opinión sobre el 11-M después de una Semana Santa. Por cierto, el juez fue condecorado por el Gobierno con una medalla que conlleva una suculenta paga de por vida. Y el año que viene habrá elecciones judiciales y le conviene estar bien situado respecto de la mayoría de jueces "progresistas" que deberán votarle. De nuevo estamos con aquello de la mujer del César, que además de ser honesta, debiera parecerlo.