DESTITUIDO POR INVESTIGAR

DESTITUIDO POR INVESTIGAR

El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), en Sevilla, Francisco Rodríguez Borja, ha sido destituido de manera fulminante por "investigar en exceso" en el caso de la desaparición de documentos del despacho de Iván Chaves, como saben hijo de Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía, desaparición que había denunciado el mismo Iván.

Pero es que además investigaba el caso llamado Bahía Competitiva, en el que empresarios gallegos se llevaron 14 millones de euros de la Junta de Andalucía sin cumplir sus objetivos de empleo, en este caso aparece además un altísimo cargo del PSOE.

Por lo visto cuando se investigaba en el despacho "del niño" de Chaves el contenido de los documentos supuestamente desaparecidos, existía un claro nerviosismo impropio del que denuncia un delito. Dichos documentos, al parecer, son muy comprometedores ya que evidencian su papel como intermediario entre numerosas empresas y la Junta de Andalucía.

De acuerdo con estos documentos, Iván Chaves habría cobrado grandes cantidades de euros a esas empresas, que a su vez, y como presunta contrapartida, obtuvieron jugosos contratos de la Administración andaluza. El "niño" denunció la desaparición de estos documentos, así como su agenda personal, que ponían de manifiesto abiertamente su carácter de comisionista a la sombra de su padre, que llegó al extremo de presentarle a los empresarios para los que después trabajó.

El Plan de la Diputación de Cádiz que investiga la operación Bahía Competitiva es en realidad un fraude de proporciones colosales. En ese momento la Diputación gaditana estaba en manos del PSOE, y recibió para ese Plan ayudas del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía. Al frente de dicho Plan estaba un histórico del "clan de Alcalá", Antonio Perales Pizarro; el Plan recibió más de 440 millones para regenerar zonas deprimidas por la crisis industrial en la provincia gaditana y los empresarios gallegos se llevaron los 14 millones de que hablábamos arriba sin promover empleo alguno ni tener idoneidad para ello.

La Udyco detuvo a tres personas, entre ellas al empresario de los 14 millones e imputó a nueve personas más. La investigación no descartaba nuevas detenciones que podrían salpicar a altos cargos del PSOE andaluz, incluidos nombres del entorno de Manuel Chaves. Y destacaba el nombre de ese altísimo cargo que aún no ha salido a la luz pero que podría estar implicado no sólo en este caso sino en varios más que el ahora destituido estaba investigando.

La gravedad del asunto es que el Ministerio de Industria del Gobierno de Rodríguez entregó 2.500 millones de pesetas a unos empresarios insolventes, que ahora dicen no poder localizar para que los devuelvan porque han cambiado sus representantes ante el ministerio. Y nadie dimite.

Las empresas son tres: Cádiz Solar Center, que iba a hacer una planta de acumuladores hipereficientes para estabilizar la producción de energías renovables, que iría instalado en las antiguas instalaciones de Delphi, para lo que recibió 3,5 millones de euros; Aquandalucía, que iba a instalar una nueva planta industrial para revalorizar los productos excedentes del sector pesquero; y Soluciones Tecnológicas Ambientales, que recibió 2,4 millones de euros para la creación de un centro productivo para la creación de equipos de sistemas de monitorización remota de la calidad de las aguas. Ninguno de estos proyectos ha sido llevado a cabo, pero se han guardado el dinero.

Las tres empresas han cambiado sus órganos administradores, pero tienen Administradores comunes entre las tres, que han estado en una y pasan luego a la otra, lo cual es bastante sospechoso. Y Perales que propició todo esto sigue en su puesto. Y el que investigaba, cesado en su cargo y pasado ahora a la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) del Cuerpo Nacional de Policía, destinada a actuar en los puntos más conflictivos y negros de la ciudad para garantizar la seguridad ciudadana, es decir, un castigo por meter la nariz en sus asuntos.