LOS TRAJES DE CAMPS

LOS TRAJES DE CAMPS


Sigue adelante el juicio a Camps, quizás el juicio más sorprendente de la historia de la democracia.


A Francisco Camps, que fuera presidente de la Comunidad Valenciana, y a Ricardo Costa, se les acusa de cohecho pasivo impropio, delito previsto en el artículo 426 del Código Penal de 1995 que se castiga con una multa y ni siquiera conlleva la inhabilitación para cargo público. Se refiere dicho delito a que un funcionario o autoridad admita regalos "que le fueren ofrecidos en consideración de su función", sin que haya ninguna contrapartida por su parte al que hace el regalo.


Al acusarles de cohecho pasivo impropio, el juez instructor, Juan Climent, está ya reconociendo que ni Camps ni Costas tomaron decisión alguna en favor de Álvaro Pérez, apodado el Bigotes, y sus empresas relacionadas con la llamada trama Gürtel.


La acusación la ejercen el PSOE, que no logra vencer al PP en Valencia en elecciones y quiere hacerlo en los tribunales, y las fiscales que dependían del gobierno socialista. El caso lo comenzó a instruir el juez Garzón, candidato del PSOE por Madrid y actualmente juzgado por prevaricación, por haber privado del derecho de defensa a varios acusados. Al inicio del proceso se reunieron en una cena Garzón, la fiscalía, el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, del que ya hemos escrito en otras ocasiones, y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, lo que va en contra de toda legalidad. Fernández Bermejo se vio obligado a dimitir al conocerse el asunto.


El TSJCV archivó el procedimiento al no apreciar delito, pero María Teresa Fernández de la Vega, en ese momento vicepresidenta, ordenó a la fiscalía que recurriera. Y el Supremo reabrió el caso. Curiosamente, Juan Climent no es juez de carrera, es un alto cargo socialista que fue propuesto por el PSOE para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este "juez" incluso llegó a permitir que una candidata socialista formara parte de la lista del jurado, aunque no fue elegida. Este mismo tribunal, poco después de reabrir el caso Camps, archivó la causa contra José Bono, sobre un constructor que había trabajado para la Comunidad de Castilla La Mancha cuando él era presidente y le hizo gratis las obras de su casa. Aquí el Supremo no vio cohecho pasivo impropio porque el constructor era "amigo" de Bono. Aunque nunca hemos oído declaraciones afectivas del uno al otro, y sin embargo se han publicado las llamadas privadas de Camps en las que decía a Álvaro Pérez, el Bigote, "te quiero un huevo". Expresión que, aparte de ser bastante hortera, es toda una declaración de afecto.


El juicio por esa causa nos lleva ya costado a todos los españoles varios millones. Hay que recordar que el sastre Tomás Gómez cambió de repente su declaración después de haber afirmado hasta tres veces que Camps pagaba sus trajes. La contable de Correa ha declarado ahora que mintió debido a la tensión y las presiones cuando acusó a Camps. Los cabecillas de la trama Gürtel afirman, en conversaciones en las que ignoraban que estuvieran siendo grabados, que nunca regalaron trajes a Camps.


Ahora ha resultado también que las facturas y albaranes sobre las que se sustentaba la acusación porque en ellos figuraba el nombre de Camps, son falsas y lo reconoce hasta el dueño del negocio. Precisamente el sastre Tomás fue despedido por el dueño por realizar facturas falsas y justo cuando lo despidieron fue cuando cambió la versión que había dado anteriormente.


Cuando al final todo quede en nada, ¿a quién deberemos responsabilizar del calvario sufrido por los acusados y de todo el dinero público gastado?