ENTRA EN VIGOR EL NUEVO CÓDIGO PENAL

ENTRA EN VIGOR EL NUEVO CÓDIGO PENAL

Veintidós veces ha sido reformado el Código Penal desde 1995, sin que por ello tengamos los ciudadanos la sensación de que se hace verdaderamente Justicia. Pero esta vez la reforma reviste una enorme trascendencia.

Por primera vez las empresas van a ser penalmente responsables no sólo de los delitos cometidos en su nombre y en provecho personal por parte de sus directivos, sino que también deberán asumir la responsabilidad penal por aquellas infracciones debidas a que no hayan ejercido la necesaria diligencia y control sobre la conducta de sus empleados, es decir, por omisión, aunque no haya habido acción por su parte.

A partir de mañana los delitos ya no solamente los cometen las personas físicas, sino también las jurídicas, que pueden ser condenadas incluso a su disolución, con sanciones económicas de hasta cinco mil euros diarios, lo que las llevaría a la ruina. Y la ley establece, además, que las empresas serán responsables aunque la justicia haya sido incapaz de individualizar el delito cometido en una persona física. 

El catálogo de delitos que puede cometer una empresa es inmenso, estafas, blanqueo de capitales, actuar contra la propiedad intelectual, insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, en fin muchos, y a partir de ahora serán sancionados con gran dureza, incluso en el caso de que las empresas se fusionen, disuelvan o sean absorbidas, se hacen previsiones específicas para estos casos.

Se castiga no sólo el provecho propio, sino también las expectativas que pudieran determinarse, incluso se sancionará el uso de información privilegiada y hasta la difusión de noticias o rumores que ofreciesen datos falsos que pudiesen alterar cotizaciones de alguna empresa.

Todo estaría perfecto si no fuera porque la misma ley pone límites a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en concreto aclara que " no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos y a las organizaciones internacionales de derecho público, así como a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicio de interés público general".

Es decir que el sector público queda al margen de responsabilidades penales por sus actos, estas responsabilidades son solamente para el sector privado.

Lo que se llama la Ley del Embudo, lo ancho para lo público, lo estrecho para lo privado. Ya lo decía Maleni Álvarez "como el dinero público no es de nadie..." pueden malgastarlo, guardárselo directamente o tirarlo al repelón que da lo mismo, nunca serán legalmente responsables. De lo cual se deduce que no siendo responsables, son todos ellos unos irresponsables, ¿Y a unos irresponsables estamos entregando España para que la gobiernen y nuestro dinero para que lo administren?