lunes, 11 de julio de 2011

EL SUPREMO ADMITE UN RECURSO CONTRA LA CONSULTORÍA DE GARZÓN EN LA HAYA


EL SUPREMO ADMITE UN RECURSO CONTRA LA CONSULTORÍA DE GARZÓN EN LA HAYA

Se nos había ido a La Haya Garzon reclamado por su amigo, Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, para esperar tranquilamente a que escampara.

Lleva ya más de un año trabajando allí, con la autorización del Consejo General del Poder Judicial (en una votación de tres a dos, de sus cinco vocales), a pesar de tener tres causas pendientes por presunta prevaricación: la de las escuchas ilegales de Gürtel, la investigación de las fosas del franquismo y los cuantiosos cobros de su viaje a Nueva York (¿recuerdan aquella carta encabezada "Querido Emilo", dirigida a Botín?) y acaba de ser elegido, con el respaldo del Gobierno (quizás para agradecerle el tiempo que tuvo "dormido" el caso Faisán), como representante español en el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa.

Pues bien, a pesar de todo, a tanta planificación le acaba de salir un orzuelo con la admisión a trámite del recurso presentado por el abogado Ignacio Peláez contra la decisión del CGPJ de darle autorización para prestar esos servicios.

El recurso pone de manifiesto con especial énfasis que la situación en que se encuentra Garzón de suspensión de funciones es incompatible con el desempeño de las actividades que realiza en La Haya. Y por lo tanto, la autorización concedida supone un fraude de ley de la normativa contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque la suspensión no implica que el juez suspendido pueda desempeñar dichar tareas ajenas a la jurisdicción, como si de un permiso o excedencia se tratase. Para ello, según Peláez, Garzón hubiera debido pedir antes la excedencia voluntaria o pasar a servicios especiales, cosa que no ha hecho.

Y lo que es peor, con esta actividad que ahora realiza puede estar buscando la inmunidad jurisdiccional y que el proceso penal en que se haya actualmente tuviera que ser sobreseído de manera provisional durante el tiempo que esté trabajando en la Fiscalía de La Haya, eludiendo así la Justicia española.

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