UN AUTO DE PROCESAMIENTO QUE PONE LOS PELOS DE PUNTA

UN AUTO DE PROCESAMIENTO QUE PONE LOS PELOS DE PUNTA

El auto de procesamiento del Juez Pablo Ruz sobre el caso Faisán contra tres altos cargos del Ministerio del Interior, por revelación de secretos y encubrimiento o colaboración con banda armada, que se ha hecho público hoy y que consta de 75 folios, da escalofrío y pone los pelos de punta a cualquier persona de bien.

Una vez más se demuestra que el PSOE no es un partido democrático y que se pasa el Estado de Derecho por el forro.

Victor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros, según el juez Ruz, impidieron a través del conocido chivatazo a Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán de Irún, la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitieron que la banda se financiara a través del dinero obtenido por extorsión. Ya no es algo que digamos unos cuantos, ahora lo afirma un juez.

El magistrado destaca en el auto la "eficacia" que la revelación de datos sobre la operación contra el aparato de extorsión supuso para la propia actividad terrorista. Los tres altos cargos arriba citados "estaban asumiendo una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades terroristas" a través de una acción que, en su opinión, podría encajar con la comisión de un delito de colaboración de organización terrorista.

El juez destaca que Pamiés en la fecha y hora en la que suceden los hechos conocía todos los extremos que le son revelados a Elosúa, era una de las pocas personas que podían tener acceso a dicha información. La fuente de información de gran parte de los datos que manejaba Pamiés procedían de la jefa de la Sección de Análisis de la BPI de San Sebastián, que poseía datos de carácter reservado y mantenía con él una "afín y estrecha relación personal y profesional".

El juez descarta la versión ofrecida por el Jefe Superior de Policía del País Vasco de que el día 4 de mayo de 2006 en que suceden los hechos tenía fijada una cita con un confidente en un lugar no revelado del sur de Francia. En opinión de Ruz esta declaración "carece de consistencia y coherencia", dado que desconocía la zona y no tenía experiencia en terrorismo de ETA.

Ruz enumera en su auto doce indicios que le llevan a la conclusión de que la persona que pasó el teléfono a Elosúa dentro del bar "presenta aspectos diversos y gran similitud o encaje con la apariencia física de Ballesteros". No pudo ser uno de los funcionarios que se encargaban de la investigación en curso porque el policía desconocía tanto la ubicación geográfica del domicilio de Elosúa, como a sus familiares y al propio Joseba, cosa que los funcionarios sí conocían. El propio Ballesteros reconoce en su primera declaración judicial que desconocía totalmente la zona de Irún.

Se ha corroborado, según el auto, a través del análisis de fotogramas de cintas de vídeo de los alrededores del bar, la presencia de Ballesteros en la zona, extremo que fue además reconocido por el ahora imputado. Ballesteros estuvo junto al acceso principal del bar Faisán en los minutos previos y posteriores a la llamada telefónica (chivatazo), entró por la puerta posterior, y además salió del establecimiento apenas un minuto y medio después de concluir la comunicación y por la puerta que indicó Elosúa.

El magistrado hace especial hincapié en que las personas relacionadas con los hechos no establecieron tras el chivatazo un cauce "natural y jerárquico" en sus comunicaciones, sino que "existen en ellas saltos cualitativos notables que sólo pueden justificarse por la relación de confianza entre los actores". Y especifica que Pamiés, García Hidalgo y Ballesteros intercambiaron un elevado número de contactos telefónicos los días 3 y 4 de mayo que no se corresponden con su proceder habitual, a la vista de las llamadas que cruzaron en otras fechas.

Cita también en el auto las consecuencias del soplo que provocó que Elosúa alertara al enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur y que los miembros de la red de extorsión de la banda terrorista, Nicolás Aguirre y Ramón Sagarzazu, tuvieran también conocimiento de la operación policial.

Da validez al informe de los expertos de la Guardia Civil que apuntaban a que los cortes en la cinta de vídeo que provocaban su interrupción  "no eran accidentales". Y pone en duda la validez del testimonio de Elosúa en el sentido de la falta de reconocimiento de Ballesteros como la persona que le pasó el teléfono sobre la cual  asegura que existe "una duda más que razonable".

Y con estos mimbres hay que concluir que para hacer el cesto es realmente meridianamente claro que se necesitaba el "placet" de las altas esferas del Ministerio del Interior, el entonces Ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y su segundo, el actual Ministro Antonio Camacho. ¿Merecen los españoles tener semejantes ministros y actual candidato a las elecciones? ¿No merecemos los ciudadanos un poco de respeto y que estas personas acaben donde merecen?.