CASO MARGÜELLO

CASO MARGÜELLO

Acabaremos preguntándonos si existe algún político que no se aproveche de las circunstancias para embolsarse cuanto pueda a cuenta de los ciudadanos.


Una comisión parlamentaria está investigando desde hace casi un año la contratación de empresas por parte del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco durante la etapa de gobierno del PNV.

Sólo en entre 1996 y 2006 el entramado de sociedades vinculadas con el ex jefe de calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello, logró más de 20 contratos por importe de 33,5 millones de euros para prestar servicios sanitarios de todo tipo, lo mismo hacían atención domiciliaria que la gestión de listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas especializadas y pruebas complementarias. Es decir, que ellos solos eran la Seguridad Social al completo pero en privado.

Existía pues un monopolio a favor de un grupo empresarial en el que las mismas personas eran a la vez socios, directores, administradores y apoderados, y vinculados todos a los anteriores responsables del Departamento de Sanidad.

Esta situación impidió que ningún servicio saliera a concurso público, todo se lo llevaban estos a dedo. El Departamento de Sanidad adjudicaba de forma directa una serie de servicios, sin concurso previo. Para ello utilizaban toda suerte de subterfugios, como el procedimiento previsto para casos de emergencia, aunque no hubiera urgencia alguna o que se trataba de un contrato "menor", aunque se superaba de sobra la cuantía autorizada.

Una vez realizada la contratación, se le concedían hasta ocho años de prórroga en el servicio, y eso pese a que desde 1997 existe en el Gobierno Vasco un decreto que reduce  el periodo máximo a cinco años.
Además revisaban de forma unilateral las tarifas. En los contratos no figuraba, como es preceptivo, la fómula de revisión de precios y la ausencia de esta fórmula daba pie a nuevas irregularidades. Por ejemplo, los acuerdos económicos se realizaban a final de año y en enero, se actualizaba el precio.

El Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, José Ignacio Martínez Churriaque, ha dicho claramente que la ley exige mantener el precio durante el primer año de adjudicación, de modo que si se hace el contrato en noviembre o diciembre, hasta el próximo noviembre o diciembre del siguiente año, no se pueden modificar las tarifas.

Pero los incrementos en las tarifas en las empresas del caso Margüello eran además desorbitados, por ejemplo, en 2006 Medical Dom logró un aumento del 9,7%, frente al 2% establecido como norma general. Pero es que en 2008 la misma empresa consiguió una mejora de un 19% en sus tarifas.

A estas irregularidades venía unido el hecho de que en muchos de los convenios firmados se hacían modificaciones a lo largo del tiempo para incorporar nuevas prestaciones sin que de nuevo mediase concurso alguno; el cambio siempre consistía en una mejora económica para la empresa. En 2008, la unión de empresas formadas por las sociedades Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Indautxu y Reabilidóm, consiguió elevar su contrato de 750.000 euros a 3,8 millones de euros, así, en un plis-plas.

Mención aparte merece la autorización otorgada en 2006 por el ex director de Sanidad de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, en la que estaba el omnipresente Margüello, para gestionar las listas de espera. Esta firma carecía de todo tipo de medios materiales y humanos para funcionar como empresa sanitaria. Pero eso no fue óbice, ellos trasladaban los historiales a la Clínica San Francisco Javier, que era la que prestaba realmente el servicio. Por esta intermediación, cobraban entre el 5% y el 20% del precio abonado al centro médico.

¿De verdad el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo?  Estos, en vez de los ERE andaluces, pasaban por el ARO y a saber como repartían las ganancias. Una trama sanitaria en toda regla.