LA LEY DE TRANSPARENCIA

 



LA LEY DE TRANSPARENCIA


El Gobierno quiere aprobar antes de que acabe el mes de marzo la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, donde se recogerán sanciones para aquellos que incumplan los límites del déficit y endeudamiento que haya fijado la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con una reforma del Código Penal.


Así, aquellos servidores públicos que comprometan gastos o asuman obligaciones sin liquidez ni créditos suficientes para llevarlos a cabo, o quiénes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas, es decir que no contabilicen las facturas y las metan en un cajón, fingiendo que no existen, podrán tener una pena similar a la de la malversación de fondos, o sea, de tres a seis años de prisión e inhabilitación absoluta de seis a diez años. Y si el caso es especialmente grave, penas de cuatro a ocho años de cárcel.


Ya es hora de que aquellos que malgasten los caudales públicos con una gestión desastrosa y gasten más de lo que pueden hipotecando el futuro de varias generaciones, den cuenta de sus actos ante la Justicia. Lástima no tenga efectos retroactivos.