EL CASO CIEMPOZUELOS

EL CASO CIEMPOZUELOS

El caso Ciempozuelos, del que se habla tan poquito, y que atañe a dos alcaldes socialistas, es de los más sangrantes de la democracia.   

Joaquín Tejeiro, que fue alcalde de Ciempozuelos desde  1991 a 1995, y Pedro Antonio Torrejón que lo fue de 2003 a 2006, están imputados por presunto cobro de comisiones a gran escala.

El empresario Manuel Ramón Martín Peña, responsable de la empresa Comernet Green, ha reconocido ante el juez del Juzgado de Intrucción nº 2 de Valdemoro, Teodoro Molino Tejedor, su vinculación con ambos alcaldes, así como haber recibido más de tres millones de euros de la empresa Bitango por "labores de mediación y asesoramiento en la compra de suelo en Ciempozuelos", sin poder explicar con claridad cuales eran exactamente esas labores o en qué consistían. Bitango es una de las constructoras que presuntamente habría hecho pagos irregulares a los alcaldes.

En el año 2006 ambos alcaldes viajaron a Andorra y abrieron sendas cuentas bancarias en la banca andorrana Andbanc (Andorra Banc Agricol Reig) donde Torrejón ingresó casi 900.000 euros y Tejeiro algo más de 100.000 euros. El banco exigió que justificasen la procedencia de ese dinero y Tejeiro envió desde el domicilio de Torrejón un fax a la entidad en el que figuraba un contrato según el cual ambos iban a recibir de la empresa Esprode alrededor de 40 millones de euros en concepto de comisiones por una recalifición urbanística, así sin el menor rebozo. No obstante, desde el banco alertaron a las autoridades españolas.


Según el contrato, la inmobiliaria-promotora Esprode iba a pagar 40 millones de euros a los dos alcaldes a cambio de darles vía libre para construir 17.000 viviendas en el "Cerro de los Sotos", cobrarían 18 millones de euros fijos y un "variable" de 21,3 millones de euros si el Plan Urbanístico se aprobaba antes del 25 de mayo de 2006.

La posterior investigación judicial hizo salir a la luz una oscura trama de comisiones ilegales y buena parte de ese dinero se haya en paradero desconocido actualmente, aunque los alcaldes se hayan libres con una fianza de 900.000 euros cada uno. ¿Y saben por qué está desaparecido el dinero? Porque cuando la Fiscalía anticorrupción de hizo cargo de las investigaciones tardaron más de dos meses en bloquear las cuentas de Andorra, así que cuando por fin lo hicieron los fondos habían sido retirados en efectivo. Tres años después, ya en marzo de 2009, abren la caja fuerte asociada a la cuenta, que figuraba a nombre de María Elena Berrio, esposa de Pedro Antonio Torrejón y aparecen los certificados de ingreso y saldo: hubo 806.302 euros a nombre de Torrejón y 104.672 a nombre de Tejeiro. Junto a los certificados aparecen dos sobres con fajos de billetes de 500 euros, con un total entre ambos sobres de 104.000 euros.


La policía andorrana explicó a la Justicia española que fue Alfonso Méndez, propietario de Ecocedes, la empresa contratista de limpieza de Ciempozuelos, quien había llevado a los dos alcaldes a Andorra, presentándose como "operadores de terrenos"

El inspector jefe de la Brigada de Delincuencia Económica, Vicente García Novoa, escribió un informe a sus superiores sobre las cuentas de estos ediles en Andorra dos meses antes de que se descubiera el asunto, pero sus superiores paralizaron la investigación y así lo ha declarado ante el Juez.

Curiosamente la mujer de Tejeiro tiene seis gasolineras cuya concesión fue otorgada una por el Ayuntamiento de Ciempozuelos, para que todo quedara en casa, cuatro por el Ayuntamiento de Alcobendas, gobernado por el PSOE y otra en Toledo. A pesar de esto, Tejeiro declaró al Juez que solamente cuenta en su patrimonio con la vivienda familiar y que el dinero que ingresó en Andorra a su nombre eran en realidad los "ahorros de sus hijos". Por cierto, en el Ayuntamiento de Alcobendas, gobernado por el PSOE, trabaja como asesor su hijo Joaquín Tejeiro Trompeta.


Sin embargo y a pesar de la gravedad del caso, fuentes judiciales apuntan a que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, está ralentizando las investigaciones, extremo este que Conde Pumpido ha desmentido; pero el caso no avanza desde el 2006, a pesar de que exista además de un presunto delito de cobro de comisiones ilegales, otro de blanqueo de capitales.

¿Cuantos trajes se podría uno comprar con 40 millones de euros?