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El Gobierno no acaba de resolver las peticiones ciudadanas cada vez más abundantes, que exigen un endurecimiento de la Ley del Menor, para entendernos, que no ocurra como en el caso Marta del Castillo o similares en la que los delincuentes le toman el pelo a la Justicia, a sabiendas de que los castigos van a ser, si son menores, escasos; por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de la niña asesinada a puñaladas en San Fernando, Cádiz, por dos compañeras de clase, las asesinas están ya en la calle, tranquilamente. Pero, en cambio, está muy decidido a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) antes de fin de año para recortar las facultades de la Acusación Popular.
Se trata de impedir que la Acusación Popular pueda quedar como parte única en un proceso, e impedir así lo que ha ocurrido en las causas abiertas contra Garzón. O sea, quieren que solamente puedan investigar los fiscales y los ciudadanos punto en boca y a pagar impuestos, que es lo que hay. El PP se opone a esta reforma por considerarla inconstitucional y cree que se trata de una maniobra del Gobierno para que solamente el fiscal general, nombrado por ellos mismos, decida contra quién hay que proceder o a quién hay que defender.
Pretenden liquidar la Acción Popular contra lo que los ciudadanos consideren una injusticia.
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