LA JUSTICIA BAJO MÍNIMOS

LA JUSTICIA BAJO MÍNIMOS


La confianza de la sociedad en la Justicia está realmente bajo mínimos. 


Ahora hemos sabido que Urdangarín, según el diario El Mundo, daba 60 euros al mes a algunos jóvenes para simular que los tenía contratados en Aizoon y beneficiarse de bonificaciones fiscales. Dichos jóvenes ni trabajaban para él ni sabían nada de sus empresas, pero "acumulaban Seguridad Social" y tenían derecho al subsidio de desempleo al finalizar el "contrato", eran empleados fantasmas.




Por otra parte tener según qué abogados es casi peor que no tener ninguno. Pascual Vives, que de momento es el abogado de Urdangarín, se nos descolgó ayer con la peregrina declaración de que si Iñaki Urdangarín "ha hecho algo no correcto lo reconocerá  y pedirá las disculpas que correspondan". ¿Cómo que pedirá disculpas? ¿Por desviar, presuntamente, dinero público a sus propias cuentas y usarlo para comprarse un palacete y varios pisos? No, señor letrado, las disculpas se piden cuando se pisa a alguien o se le empuja sin querer, en cambio cuando se apropia alguien de dinero público para sus propios fines, debe ir directamente a la cárcel y ya desde allí que entone los mea culpa que desee.


Y encima dice el abogado que parece como si Urdangarín no cayera bien en España, ¿nos roba, presuntamente, nuestro dinero y debe caernos bien? ¿Pero éste abogado de qué guindo se ha caído?


Y mientras, como si no pasara nada, la infanta Cristina se reunió anoche en Barcelona con la aristocracia catalana en una cena convocada por un organismo de la Fundación La Caixa, de la que sigue siendo presidenta.


Dicho esto, muy mal por el miembro del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que actualmente instruye el caso Blanco (Campeón) y forma parte de la sala que juzga a Garzón, que ha concedido una entrevista al diario Nueva España y ha dicho lo que piensa: "que si hay que meter en la cárcel a Urdangarín, pues se le mete, y que habría que citar a la infanta Cristina a declarar por el caso Nóos", que si él fuera el responsable de la instrucción de ese caso, lo haría.


Muy mal, porque eso lo puede opinar con razón toda España, incluso él mismo lo puede pensar, pero un juez del Tribunal Supremo por respeto a la Ley y porque por razón de su cargo puede verse obligado a juzgar este caso o alguno que le roce de cerca, debe estar obligado a no expresar opiniones personales sobre casos o acusados. La incontinencia verbal trae malas consecuencias.


¿Y qué me dicen de Rodríguez Ibarra? El ex presidente de la Junta de Extremadura dio dos cursos de "Análisis del discurso periodístico"en la Universidad y se prejubiló, acogiéndose a una disposición sin cobertura legal, y comenzó a cobrar ya desde casa, el sueldo íntegro como si estuviera en ejercicio, más una paga de gratificación extra por no acudir al centro de trabajo, en total más de 4.000 euros por no hacer nada, según publica el diario El Mundo. Esto se aplicó a Rodríguez Ibarra y a 70 profesores más, en cuanto entró Ibarra se cerró el cupo. El Tribunal de Cuentas alerta ahora de esta situación no legal.




Y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que no se le ocurre nada mejor que decir en la Ser que "no hay inconstitucionalidad en el matrimonio homosexual". A sabiendas de que su propio partido tiene presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y esa y no otra es la posición oficial del Gobierno: que decida el TC. Ya está Gallardón creando un problema donde no lo había, un Ministro de Justicia no se puede pronunciar sobre un tema que no ha sido todavía juzgado.


Y qué se puede decir de las declaraciones que le hizo José Bretón a su hermana Catalina sobre sus hijos, y que hemos conocido ahora: "qué pena tener que enterrarlos, con lo bonitos que son". ¿Y esta mujer, se quedó tan tranquila y solamente habló del tema a preguntas de la policía?


Con todas estas cosas y tantas otras que salen cada día es normal que la sociedad no crea en la Justicia. Mucho van a tener que hacer para recuperar el prestigio perdido.