LA VENGANZA SE SIRVE EN PLATO HELADO

LA VENGANZA SE SIRVE EN PLATO HELADO

Que los malvados prueben de su propia medicina es algo que viene bien a la justicia universal, lo malo es lo que tarda en España la Justicia. 

Destituyeron a Mario Conde de Banesto en 1993 y llegó a la Presidencia del Banco en ese momento, por deseo del Banco de España, un Alfredo Sáenz procedente del BBV que recibió órdenes de poner en marcha procedimientos agresivos y de urgencia para recuperar créditos con alto riesgo de impago.

La suspensión de pagos de Harry Walker, compañía de suministros de maquinaria, era entonces uno de los fallidos de Banesto.

De esa empresa era accionista minoritario un empresario de éxito, natural del País Vasco y afincado por entonces en Barcelona, Pedro Olabarría Delclaux, perteneciente a una amplia familia de Neguri.

Cuando Emilio  Botín se quedó con Banesto, confirmó a Sáenz en el cargo. Y Sáenz decidió cobrar a Harry Walker, al precio que fuese, para dar escarmiento tanto a esa como a otras empresas deudoras.

Y para ello, él mismo, actual consejero delegado y número dos del Banco de Santander, Miguel Ángel Calama, en aquél  momento responsable de la delegación territorial catalana de Banesto y el abogado externo del Banco, Rafael Jiménez de Parga, iniciaron una querella contra Pedro Olabarría y dos de sus socios, los hermanos José Ignacio y Luis Fernando Romero, para que respondieran con sus bienes por la deuda de la compañía, a pesar de ser como decimos accionistas minoritarios, y que no existía aval o garantía de por medio que pudiera considerarlos deudores.

Para ello echaron mano del juez Pascual Estevill, expulsado años más tarde de la carrera judicial y condenado por el Supremo por aceptar meter a gente en la cárcel a cambio de dinero. Éste juez aceptó encargarse del caso e hizo ingresar en prisión a Olabarría y a los hermanos Romero y les embargó bienes por valor de 750 millones de pesetas de las de entonces. 
Un plan maquiavélico, urdido con pruebas falsas, como ahora han reconocido los tribunales 17 años después, y que necesitó de ese juez corrupto para llevarse a cabo.

Tanto los hermanos Romero como Olabarría fueron conscientes de la injusticia que se estaba cometiendo con ellos, que no eran más que una cabeza de turco para amedrentar al resto de deudores. Poco tiempo estuvieron en prisión, pero el suficiente para prometerse a sí mismos empeñar todo su patrimonio y el resto de su vida si fuera necesario, para hacer pagar a Alfredo Sáenz lo que les había hecho y que no pudiera volver a ser banquero.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, da la razón y además endurece, la ya dictada el 29 de diciembre de 2009 por la Audiencia de Barcelona, condenando a Sáenz a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de banquero, como culpable de los delitos de acusación falsa y estafa procesal, por haberse inventado un pleito en el intento de cobrar una deuda y presentar una querella falsa.

Botín trata de capear el temporal, de dar la impresión de que no pasa nada, que esto se recurre ante el Tribunal Constitucional, pero puede que el tiro les salga por la culata, no olvidemos que el tal Sáenz maneja cientos de millones ajenos en el Banco de Santander y debe serle exigible una honradez a toda prueba, cosa que se ha demostrado que no es cierta. Yo no dejaría mi dinero en manos de alguien a quien la Justicia ha inhabilitado como banquero por sus artimañas poco ortodoxas, por decirlo suavemente.


Botín tiene con esto un gran marrón que deberá resolver cuanto antes puesto que el mundo financiero internacional lo tiene en el punto de mira, no hay nada peor para un banco que perder la confianza de los inversores.

¿Pero saben lo peor de todo? Que este Sáenz, que tan poca ética profesional ha demostrado tener, cobra actualmente 10 millones de euros anuales y cobrará cuando se jubile 89.000 euros de pensión. ¿No es una vergüenza?

Tanto si recurren como si no, la sentencia del Tribunal Supremo es firme y debería ser ejecutada de inmediato.