EL EROTISMO DE LA POLÍTICA

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EL EROTISMO DE LA POLÍTICA

Entre los políticos del PSOE puede decirse que el más tonto hace relojes, como dice el refrán.

A partir del lunes va a ser juzgado el Alcalde de La Puebla del Río, municipio de la provincia de Sevilla, Julio Alvárez González, del PSOE, que está de Alcalde allí desde 1999.

Alvárez disponía de un teléfono móvil oficial cuyos gastos se abonaban con cargo a las arcas municipales, es decir que era para el servicio público del Ayuntamiento.

Pero resulta que el acusado lo usaba para llamar a teléfonos eróticos, llegando a gastar hasta 6.098,66 euros entre septiembre de 1999 y febrero de 2001, que se abonaron con fondos públicos.

Cuando fueron descubiertos estos gastos extraordianrios para un pueblo tan pequeño, los otros grupos municipales (IU, sobre todo) le solicitaron al alcalde le pidiera al tesorero que les mostrara las facturas telefónicas.

En fecha posterior al 26 de abril de 2001, el también acusado, Juan Carlos Benítez Martín, concejal de Obras y Servicios, conociendo los hechos y para impedir que el alcalde fuera descubierto, aprovechó que como concejal tenía acceso a la documentación y solicitó para sí los duplicados que ya se habían hecho de las facturas originales, que se encontraban debidamente conservados en el archivo municipal, a disposición de la oposición.

Una vez tuvo los duplicados en su poder, y de acuerdo con el alcalde, los manipuló, modificando mediante escáner la mayoría de los números receptores de las llamadas y, por supuesto, los de las líneas eróticas, en todas las facturas, desde noviembre de 1999 a febrero de 2001. Posteriormente, devolvió al archivo municipal las copias ya manipuladas para que fueran mostradas al portavoz municipal de IU, que había pedido verlas.

Trabajo en balde, era tan burdo el arreglo que con sólo mirarlas, les exigieron las copias auténticas, que se vieron obligados a enseñar.

Tras la interposición de una querella en 2002, el alcalde devolvió 6.230,82 euros, lo cual no es óbice para que ahora el fiscal le pida tres años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de  2.700 euros por un delito continuado de falsedad en documento público. Asímismo, solicita para el concejal "ayudante", un año y seis meses de cárcel, por un delito de encubrimiento, y un año y nueve meses de prisión por un delito de falsedad.

Y a partir de ahora, que ejerzan el amor propio en la cárcel y no por teléfono.