RODRÍGUEZ SE DESMARCA

RODRÍGUEZ SE DESMARCA

El Gobierno español se desmarcó en 2008, en privado, ante EEUU y Ruanda, del proceso judicial abierto por la Audiencia Nacional contra 40 miembros de la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa humanidad y terrorismo, delitos presuntamente cometidos en Ruanda y en la República Democrática del Congo entre 1990 y 2002 y que incluía a nueve víctimas españolas, para estas no había Memoria Histórica alguna.

El Gobierno dijo que no apoyaba la causa, que no formaba parte de su política exterior y que las medidas tomadas por los jueces le parecían inútiles. Esto se ha podido leer en algunos de los cables filtrados por Wikileaks y publicados en el diario noruego, Aftenposten.

Entre los nueve asesinados españoles había seis religiosos, quizás por eso la falta de interés en la investigación, y tres miembros de la organización Médicos del Mundo. Todos ellos murieron justo después del genocidio cometido por los hutus y de que los tutsis se hicieran con el poder en Ruanda. Los asesinaron por ser testigos o denunciantes de sus crímenes.

Ninguno de ellos era abuelo de Rodríguez. Así que no sólo el Gobierno no tuvo interés en el tema, la propia Audiencia Nacional no tenía intención de ir más allá ni de pedir la extradición de los acusados, según aseguró una representante de ese departamento en una reunión informal con el asesor legal de la embajada de EEUU en Madrid, el 5 de mayo de 2008; precisamente tres meses después de que el juez Fernando Andreu dictara un auto de procesamiento, el 6 de febrero, de 182 páginas que implicaba, entre otras cosas, órdenes de arresto internacional contra la cúpula militar del gobierno ruandés. Dicen que la fiscal llegó a afirmar que la causa fue investigada y tramitada sólo "para dar satisfacción a las familias".

Por su parte, EEUU presionó e hizo un seguimiento completo del caso para evitar que fueran procesados políticos con los que ellos tenían intereses económicos. Cinco de los procesados participaban en ese momento en misiones de la ONU, en Darfur (Sudán).

El proceso en la Audiencia Nacional no se ha cerrado, las familias deberían presionar al Gobierno, que tanto pecho saca con los cadáveres de la Memoria Histórica que a ellos les conviene, para lograr Justicia para sus familiares asesinados.