CASTIGAR A LOS CULPABLES DE LA CRISIS

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CASTIGAR A LOS CULPABLES DE LA CRISIS

La mayoría de la población de los países más afectados por la crisis sueña con decir claramente a bancos y gobiernos lo que piensa de ellos, pero nadie ha tenido arrestos suficientes para hacerlo.

Islandia sí lo ha hecho. Han llevado acabo una revolución pacífica que ha conseguido en primer lugar tumbar al gobierno y comenzar a redactar una nueva Constitución y en segundo lugar encarcelar a todos los responsables de la catástrofe económica que sufre el país.

La semana pasada detuvieron a nueve personas en Londres y en Reikjavik (capital de Islandia) por sus responsabilidades en el colapso financiero de Islandia en 2008, un gran crisis que provocó una reacción ciudadana sin precedentes que logró cambiar el rumbo del país.

Islandia es el país que posee la democracia más antigua del mundo, que existe desde el año 930 y cuyos ciudadanos no están dispuestos a que los políticos y banqueros se rían de ellos.

En 2008, el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres principales bancos, Landsbanki, Kaupthing y Glitnir, cuyos clientes eran principalmente ingleses y americanos.

Con la entrada del gobierno en los bancos la moneda nacional se desplomó y la bolsa suspendió su actividad tras un hundimiento del 76%. Islandia entraba en ese momento en bancarrota y el Fondo Monetario Internacional inyectó 2.100 millones de dólares y los países nórdicos ayudaron con otros 2.500.

Mientras la autoridades nacionales y extranjeras, así como los bancos, buscaban desesperadamente soluciones económicas, el pueblo islandés en bloque se echó a la calle y con insistentes manifestaciones diarias frente al Parlamento de Riekjavik, provocó la dimisión del primer ministro, Geir H. Haarden y de todo su gobierno.

Los ciudadanos exigieron que se convocaran elecciones anticipadas y lo consiguieron. En abril salió elegido por votación un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-Demócrata y el Movimiento de Izquierda-Verde, encabezado por una nueva Primera Ministra, Jóhanna Sigurôardóttir.

Durante todo 2009 la economía islandesa continuó en situación muy precaria, llegó a cerrar el año con una caída de 7% del PIB, pero a pesar de esto, el Parlamento propuso la devolución de la Deuda a Gran Bretaña y Holanda, mediante el pago de 3.500 millones de euros, una suma que debían pagar todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años, al 5,5% de interés.

Esta medida volvió a provocar la ira de los islandeses, que volvieron a tomar las calles, exigiendo que esa decisión fuera sometida a referéndum. Esto significó una nueva victoria para los ciudadanos, en marzo de 2010 se celebró la votación que habían pedido y un aplastante 93% de la población dijo no a devolver la Deuda en esas condiciones. 

La consecuencia fue que los acreedores se pensaran mejor el acuerdo y lo mejoraran, ofreciendo los intereses al 3% y el pago a 37 años. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente, el presidente actual, al ver que el Parlamento aprobaba este acuerdo por un margen muy estrecho, no lo sancionó y decidió volver a convocar a los islandeses a votar en referéndum, para que sean ellos y sólo ellos los que tengan la última palabra, puesto que ellos serán los que tengan que pagar.

Mientras los ciudadanos islandeses se negaban a pagar una deuda que habían contraído las pirañas financieras sin consultarles, el gobierno de coalición inició una investigación para dirimir judicialmente las responsabilidades de la fatal crisis económica que los había llevado hasta allí. Se detuvo a varios banqueros y altos ejecutivos estrechamente relacionados con las operaciones de riesgo.

La Interpol dictó una orden internacional de arresto contra el ex presidente del Parlamento Sigurdur Einarsson. Esta situación hizo que banqueros y ejecutivos abandonaran el país, aterrorizados.

Se eligió una asamblea para redactar una nueva Constitución que recogiera todas las lecciones que la crisis les había enseñado, para no volver a caer en los mismos errores, y que sustituyera a la actual.

Para redactar esta Constitución, no han llamado a expertos económicos ni a políticos, decidieron recurrir directamente al pueblo, todo el que quisiera podía presentarse y más de 500 islandeses se presentaron como candidatos para participar en este ejercicio de democracia directa y redactar entre todos la nueva Constitución, de estos 500, fuero elegidos 25 ciudadanos sin filiación política alguna, granjeros, periodistas, abogados, estudiantes, representantes sindicales, toda la ciudadanía estuvo representada. 

Lo más llamativo de esta nueva Constitución es que desea proteger de modo especial la libertad de información y de expresión, con la llamada Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que busca hacer de este país un refugio para el periodismo de investigación y la libertad de información, donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de internet que alojen información periodística.

Será el pueblo y sólo el pueblo el que decida el futuro de Islandia, mientras banqueros y políticos asistirán, muchos desde la cárcel, a la transformación de un país, pero desde fuera, porque el derecho a decidir pertenece sólo al pueblo.