BRUSELAS SE PREPARA PARA ARREGLAR LAS AUTONOMÍAS

BRUSELAS SE PREPARA PARA ARREGLAR LAS AUTONOMÍAS

Ya que Rodríguez se demuestra incapaz de arreglar las Autonomías, la Unión Europea prepara una directiva que va a restringir y limitar sus competencias de forma muy severa, incluso obligará a incluir las cuentas regionales en el marco de una planificación presupuestaria a medio plazo, lo que limitará su margen de actuación a la hora de dilapidar.

Pero no sólo eso, además vendrán obligadas a presentar mensualmente su contabilidad en términos de caja y no, como hasta ahora, de forma trimestral como venía exigiendo el Ministerio de Economía y Hacienda.

La directiva va a obligar a los estados miembros a abandonar la utopía y presentar unos presupuestos realistas, elaborados a partir de escenarios macroeconómicos prudentes, con un horizonte de planificación de tres años "como mínimo".

Y establece también la obligatoriedad de que todos los países miembros pongan en funcionamiento mecanismos adecuados de coordinación entre todos los subsectores de sus administraciones públicas. O sea, incluyendo tanto comunidades autónomas como corporaciones locales. 

Se trata, dice la directiva, de "asegurar la integración coherente de todos estos subsectores en la planificación presupuestraria". Añade, por si cabían dudas, que la transparencia fiscal deberá abarcar de manera exhaustiva y coherente todos los sectores de las administraciones públicas. Y todas, sin excepción, estarán sujetas a las reglas presupuestarias numéricas. O sea, será obligatorio cumplir los objetivos de déficit poniendo, si es necesario, un techo de gasto a cada subsector que no pueda superar. Rajoy viene defendiendo desde hace tiempo esos "techos" como instrumentos de enorme utilidad para controlar el gasto público. Rodríguez, en cambio, es partidario de respetar la "autonomía" de cada territorio, y así estamos como estamos.

Esta nueva directiva de Bruselas entrará en vigor no más tarde del 31 de diciembre de 2013 y ojalá entrara mucho antes, pero es que esa es la fecha límite que ha dado Bruselas a España para lograr el objetivo de fijar el déficit fiscal en el 3% del PIB.

La norma deja bien claro que habrá que detallar cada partida de gasto y qué administración incurre en déficit con el objetivo de aclarar las futuras responsabilidades.

Esta propuesta se enmarca dentro del proceso de revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que se ha demostrado como un instrumento insuficiente para frenar los elevados déficit presupuestarios en que han incurrido los países poco serios, como Irlanda, Grecia o España.

Con esto se quiere reforzar el Gobierno Europeo en su aspecto económico y la zona del euro, así como habrá también otras propuestas para detectar y abordar los desequilibrios macroeconómicos emergentes de la zona del euro y en el seno de la Unión Europea.