JUNTA DE ANDALUCÍA Y SINDICATOS ¡MENUDA TROPA!

JUNTA DE ANDALUCÍA Y SINDICATOS ¡MENUDA TROPA!

Sus actuaciones son claramente delictivas, sin paliativos de ninguna clase.

Publica hoy ABC, que para las prejubilaciones de Minas de Riotinto, alteraron de tal manera las vidas laborales de los mineros, que la empresa se negó a firmar el acuerdo porque era todo un puro embuste.

El expediente de extinción de contratos tramitado por la Junta de Andalucía en 2003 a la empresa Minas de Riotinto, con José Antonio Viera de Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, falseó la vida laboral de todos los trabajadores para mejorar las cantidades que les correspondía a cada uno. El expediente fue acordado por los sindicatos y la Consejería, ya que la empresa, espantada por semejantes trapacerías, se negó a firmar el acuerdo.

Así que entre sindicatos y Consejería certificaron que todo el personal afectado, que eran más de 400 trabajadores, había trabajado en la mina el tiempo suficiente para alcanzar el coeficiente exigido y se certificó expresamente que numeroso personal había estado asignado a los puestos más insalubres, porque son los que aportan más beneficios a la hora de calcular las asignaciones económicas que les corresponden.

Minas de Riotinto estaba en suspensión de pagos desde 1998, era una empresa configurada como sociedad laboral en la que los trabajadores eran accionistas principales. Pese a recibir ayudas públicas como un crédito de 9 millones de euros del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) y otro de 6 millones de euros del ICO (Instituto de Crédito Oficial), la sociedad, controlada por las centrales sindicales, no fue capaz de levantar la empresa y se vio obligada a venderla en septiembre de 2001 por un euro a un grupo de profesionales que intentaron reflotar el negocio, ante la posible mejora de los precios del cobre. 

Tras diversos problemas con los sindicatos, la empresa solicitó un expediente de extinción de contratos que fue rechazado por la Junta de Andalucía, que en cambio aceptó encantada el presentado por la representación sindical de la empresa.

La diferencia entre ambos expedientes era que uno, el de la empresa, reflejaba la vida laboral real de los trabajadores y el otro, el de los sindicatos, era una vida laboral de fantasía.

Para facilitar la extinción de contratos se recurrió a un expediente de jubilación con edades compensadas, aplicando los coeficientes reductores previstos en el estatuto del minero, en los 50 años y edades naturales en torno a los 42 años.

Pero como ni aún aplicando los estatutos del minero se alcanzaban los objetivos que pretendían los sindicatos, ya que la mayoría de los trabajadores nunca había trabajado en la minería subterránea (cerrada desde 1987), que era la más beneficiosa a efectos del cálculo de la prejubiliación, sino a cielo abierto. Y hasta 1987 sólo trabajaba bajo tierra el 20% de la plantilla y gran parte de ella ya se había beneficiado de anteriores expedientes de prejubilaciónes, como el de 1988, decidieron cambiar la realidad.

En 2003 la mayoría de la plantilla ni había trabajado en la minería subterránea ni tenía más de tres años adicionales de edad compensada al aplicar el estatuto del minero. Es decir un trabajador con 42 años reales, no superaba los 45 compensados. Esto hacía imposible un plan de prejubilaciones multitudinario como exigían los sindicatos y había aprobado la Junta.

Así que ni cortos ni perezosos, empezaron por dar por abierta la mina subterránea, cerrada en 1987, hasta septiembre de 2001, así, del tirón, porque en esa fecha entraron los nuevos accionistas, a pesar de que desde 1987, según consta en los registros de la propia empresa y de la autoridad minera, allí sólo entraba un equipo de mantenimiento de 21 personas.

A continuación certificaron que todo el personal, los de mina a cielo abierto, administrativos y los de la planta de tratamiento, llevase el tiempo que llevase, había trabajado en la mina el tiempo necesario para alcanzar el coeficiente deseado. Y además, que la mayoría había trabajado en los puestos más insalubres, porque son los que aportan mayor coeficiente reductor para el cálculo de la prejubilación. Así, salió algo tan kafkiano como que había 80 personas trabajando de jumbistas habiendo solamente tres jumbos (máquina utilizada para la perforación de barrenos).

Con esto lograron que personas de 42 años que no habían bajado a la mina subterránea en su vida, alcanzaran reducciones de 10 años, gracias a la aplicación de coeficientes reductores falsos del 50% a toda su vida laboral. Incluyendo incluso al personal de oficinas. 

Los mayores de 55 años, con estas manipulaciones, se jubilaron con edades compensadas superiores a los 65 años. Y los mayores de 42 años, se jubilaron con el 90% del salario neto, al haber alcanzado una edad compensada por encima de los 52 años.

Aunque la empresa, asustada por tantos embustes, se negó a firmar el expediente, éste se tramitó igualmente y se ejecutó. Este proceso costó a la Administración Pública 120 millones de euros de nuestros bolsillos.

Sin embargo, en opinión de la empresa hubieran sido necesarios solamente seis millones de euros de crédito puente para garantizar la supervivencia de la empresa, porque en septiembre de 2003 los precios del cobre comenzaron a subir y muy pronto se situaron por encima del coste operativo y al día de hoy, roban cobre constantemente en lugares públicos debidos a sus altos precios.

Pero ya sabemos que los expedientes de regulaciones de empleo y de prejubilaciones dejan verdaderas fortunas a los sindicatos, así que les convienen mucho más que la viabilidad de la empresa.

Por todo este tipo de engaños, estafas y corruptelas es por lo que a pesar de todo el dinero que se ha recibido de Bruselas a lo largo de los últimos años no ha servido para crear un tejido industrial en Andalucía sino que se ha dilapidado y después de tantos años de gobierno socialista estamos peor que en la época de Franco.